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La justicia electoral es esencial para el funcionamiento de la democracia. La responsabilidad de procesar a los sospechosos de cometer delitos electorales recae sobre la Fiscalía General Electoral. La situación actual de esta Fiscalía es la principal razón por la que 138 casos emanados de las elecciones de 2014 han prescrito, y por lo tanto han quedado impunes. Este es el germen del cáncer que se empieza a carcomer las estructuras de los partidos políticos. La proliferación de las conductas antidemocráticas y que nos perjudican a todos, solo es posible gracias a la complicidad de una fiscalía electoral. Esta crisis de la justicia recalca la importancia de la reciente designación de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral, que a todas luces no fue una selección institucional, sino partidista. Panamá había superado muchas de las malas prácticas electorales que ahora sabemos se han legitimado con esa masiva prescripción judicial. El escenario está servido para que en 2019 las más importantes decisiones no ocurran en las urnas, sino en los despachos de funcionarios cómplices de los enemigos de la democracia y del Estado de derecho.

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