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reformas a la ley de contrataciones públicas

Propuesta para inhabilitar empresas condenadas estanca el segundo debate

La sesión se reanudará hoy, 28 de abril, cuando a la Asamblea Nacional le restan tres días para cerrar el período de sesiones ordinarias.

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La falta de consenso entre las bancadas en torno a la propuesta que busca inhabilitar en los contratos con el Estado a las empresas extranjeras condenadas en Panamá y en el exterior por actos de corrupción frenó ayer el segundo debate del proyecto de ley 305, que busca reformar la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas.

Desde las 11:50 a.m. hasta la 5:27 p.m., el presidente de la Asamblea, Rubén De León, decretó un receso para lograr conciliar posiciones en torno a la propuesta mencionada, así como la iniciativa de excluir del sistema de contrataciones públicas al régimen de compras de medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS).

Tras la reanudación de la sesión, las bancadas lograron excluir del proyecto de ley 305 los procesos de compra de medicamentos de la CSS, ya que estos están regulados por la Ley 1 de 2001 y la Ley Orgánica de la CSS (51 de 2005).

En tanto, la diputada independiente Ana Matilde Gómez criticó el prolongado receso para tratar de persuadir al Ejecutivo de la necesidad de establecer en la nueva ley “una barrera infranqueable para el delito de corrupción”, aun cuando se trate de una sentencia judicial dictada contra una empresa en el extranjero. 

El viceministro de Economía, Iván Zarak, dijo que pareciera que los diputados están legislando “con nombre y apellido”. 

BANCADAS CHOCAN POR REFORMAS

Las posiciones encontradas entre diputados del oficialista Partido Panameñista con algunos colegas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la independiente Ana Matilde Gómez ocasionaron que se estancara la discusión en segundo debate del proyecto 305 que modifica la Ley 22 de 2006 que regula las contrataciones públicas.

Luego de que fueran leídas al menos 35 propuestas de modificación presentadas por la bancada panameñista, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Rubén De León, decretó un receso a las 11:50 de la mañana.

Uno de los puntos polémicos es la iniciativa que busca vetar del sistema de contrataciones públicas del Estado a las empresas que hayan sido condenadas en el extranjero por corrupción.

Esta moción busca modificar al artículo 10 del proyecto 305 y es respaldada por los diputados del PRD Leandro Ávila, Javier Ortega, Iván Picota, Néstor Guardia y Zulay Rodríguez, al igual que por Juan Carlos Arango, del Partido Popular (PP), que integra la bancada oficialista, y la diputada independiente Ana Matilde  

Gómez.

La propuesta en particular pretende inhabilitar en las licitaciones del Estado a las empresas condenadas por tribunales panameños o extranjeros por diversos delitos y actos de corrupción.

Otro punto que generó controversia fue el artículo 1 del proyecto impulsado por el Ejecutivo y con el cual la Ley 22 de contrataciones públicas regiría en los procedimientos de selección de contratistas y los contratos públicos que realicen, además de otras instituciones estatales, las entidades autónomas, en este caso la Caja de Seguro Social (CSS), en la adquisición de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros productos para la salud humana.

A lo largo del receso, la facción del PRD, encabezada por el diputado Benicio Robinson, designó a Darisnel Espino, quien es asesor del colectivo, para formar parte de una comisión que revisaría, con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y algunos diputados panameñistas, los artículos polémicos. 

Por parte de los llamados diputados disidentes del PRD fue designado el exsubcontralor Luis Carlos Amado.

Mientras transcurrían los minutos, los diputados de las diversas bancadas se reunían a un lado de sus curules; otros optaban por hacerlo más secretamente, en el salón Chanchoré, ubicado a un costado del pleno legislativo.

El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, el panameñista Miguel Salas, lucía inquieto y preocupado.

Después de la larga espera, finalmente se reanudó la sesión a las 5:27 de la tarde con un consenso a medias que consistía en no incluir las compras de medicamentos de la CSS en esta ley. Mientras que en la propuesta para inhabilitar a empresas extranjeras de los procesos de contratación pública no había humo blanco.

DEBATE

En la reanudación del debate, para el cual se habían anotado ocho diputados para intervenir en segunda vuelta, el perredista Crispiano Adames cuestionó que la CSS, en defensa de su autonomía, no quiera realizar los procesos de compra de medicamentos a través de la ley de contrataciones públicas.

No obstante, y tras señalar que había un consenso con otras bancadas, pidió retirar una propuesta para que a la CSS no le fuera aplicable la ley de contrataciones en los procesos de adquisición de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros productos para la salud humana.

Previamente, la diputada Ana Matilde Gómez había asegurado que el tema de los medicamentos para la CSS no debía estar incluido en la ley de contrataciones públicas, ya que estos asuntos tienen su marco legal en la Ley 1 de 2001 sobre medicamentos y la Ley 51 de 2005 que regula a esta entidad rectora de la seguridad social en Panamá.

Con respecto a la propuesta para impedir que empresas extranjeras condenadas por la comisión de actos de corrupción y otros delitos compitan en actos de licitación con el Estado, la diputada perredista María del Carmen Delgado cuestionó al jefe de la Dirección de Contrataciones Públicas, Eduardo Corro, porque en el proyecto del Ejecutivo no se incluyó este impedimento para las transnacionales que tuvieran esas condiciones.

Corro respondió que en el caso de tribunales extranjeros el tema ha sido de amplio debate jurídico y señaló que basado en el principio de territorialidad se considera difícil homologar los sistemas judiciales de los diferentes países, por lo que la propuesta original del Ejecutivo era mantenerlo de esta forma.  

Con la propuesta del Ejecutivo, la inhabilitación para contratar para las personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras, solo sería aplicable cuando estas hayan sido condenadas en Panamá por sentencia judicial definitiva.

En tal sentido, la diputada Gómez, en su intervención, cuestionó la demora que se produjo por horas en un receso del pleno “para tratar de convencer o persuadir al Ejecutivo de la necesidad de establecer en la ley de contrataciones públicas una barrera infranqueable para el delito de corrupción, el blanqueo de capitales o cualquier delito contra la administración pública, aun cuando esa condena sea obtenida por un contratista en una jurisdicción distinta a la nuestra”.

Manifestó que aunque la ley se mejora en temas de transparencia se debió aspirar a más y recordó que Panamá es signataria tanto de la Convención Interamericana contra la Corrupción así como la Convención de las Naciones Unidas que impone a los Estados parte establecer regulaciones marco que permitan impedir o evitar lo más que se pueda el fraude en las contrataciones públicas y la corrupción.

“¿Qué más necesitamos saber, por ejemplo, de la empresa Odebrecht para decir que en Panamá no queramos que ellos contraten más con nosotros? ¿Qué más hay que explicar? ¿A quién más hay que persuadir sobre eso? ¿Qué argumentación adicional hay que darle al hecho de que esta empresa tiene una condena en firme y ejecutoriada, cuya sentencia plantea que es una empresa que se ha dedicado de manera sistemática, incluso con una contabilidad paralela, a sobornar Gobiernos?”, cuestionó.

EJECUTIVO RESPONDE

En tanto, el viceministro de Economía, Iván Zarak, frente a la propuesta hecha por los diputados en lo relativo a la inhabilitación de empresas condenadas por corrupción, indicó que pareciera que se estuviese tratando de legislar para una sola empresa.

“Me preocupa que pareciera que se están haciendo muchos intentos casi con nombres y apellidos. Creo que debemos pensar con cabeza fría todos estos temas y si la propuesta es sensata y la adoptan los diputados, ya quedará al Órgano Ejecutivo evaluar si lo sanciona o no”, precisó.

El debate continuará hoy, 28 de abril, cuando restan dos días para el cierre del período de sesiones de la Asamblea Nacional.

El presidente de la Asamblea, Rubén De León, manifestó su confianza en que se apruebe en segundo y tercer debate el proyecto 305 antes del 30 de abril. 

“Eso es parte de la dinámica legislativa, los debates se hacen en la medida en que se propicien las condiciones y esperamos poder cubrir este tema antes de que culmine el periodo este 30 de abril”, señaló.

El mes pasado, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, señaló que por el único asunto que el Ejecutivo llamaría al Legislativo a sesiones extraordinarias sería por el tema de las reformas a la ley de contrataciones públicas.

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