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PROPONEN MODIFICAR LEGISLACIÓN.

Cárcel para los que se aprovechen del subsidio

El fiscal Solís, afirma que el mal uso de ese beneficio debe ser tipificado como delito en el Código Electoral.

Gerardo Solís  Gerardo Solís
Gerardo Solís

Pena de cárcel para los que incurran en el uso indebido de los subsidios electorales, propuso ayer el fiscal electoral, Gerardo Solís.

La recomendación de Solís –que incluye además la necesidad de que el Código Electoral recoja como delito esta acción– se produjo como consecuencia de los problemas surgidos en el panameñismo y en el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), por manejos irregulares del subsidio que otorga el Tribunal Electoral (TE).

"Retener la siguiente partida del subsidio a los partidos que han cometido anomalías es un contrasentido, porque se está castigando a la nueva dirigencia [que suele ser distinta a la que realizó la irregularidad], por actuaciones de otros miembros del partido, lo que es injusto", comentó Solís.

En ese sentido, añadió, los miembros de la vieja dirección de los colectivos deben pagar con cárcel por el mal uso de los subsidios electorales.

El fiscal Solís consideró necesario adoptar medidas severas contra aquellos que incurran en este tipo de acciones, para evitar que vuelva a suceder.

Por su parte, el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, comentó "que este mal se corrige sancionando a los responsables".

Márquez añadió que "urge diseñar procedimientos más estrictos que permitan detectar las irregularidades en el manejo de los subsidios".

Los controles

Hasta el momento, el TE realizaba como método de fiscalización de los subsidios, auditorías cuatrimestrales que incluyen un análisis de los gastos, así como inventarios de los equipos y la revisión de las planillas.

La mala experiencia de los subsidios ha puesto en alerta a los magistrados del TE, por lo que propondrán ante la Comisión de Reformas Electorales que las auditorías se realicen mensualmente.

El magistrado Dennis Allen aseguró que otras de las reformas que presentarán es que los partidos políticos tengan un auditor permanente para que fiscalice la forma cómo el colectivo hace uso del subsidio electoral.

Los casos de los panameñistas y el Molirena han llegado al Ministerio Público.

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