Indígenas no participan en programas sociales

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problema. En Peñas Blancas, comarca Ngäbe Buglé, los indígenas tienen que caminar largas distancias porque las vías de acceso a sus comunidades están en mal estado. LA PRENSA/David Mesa problema. En Peñas Blancas, comarca Ngäbe Buglé, los indígenas tienen que caminar largas distancias porque las vías de acceso a sus comunidades están en mal estado. LA PRENSA/David Mesa
problema. En Peñas Blancas, comarca Ngäbe Buglé, los indígenas tienen que caminar largas distancias porque las vías de acceso a sus comunidades están en mal estado. LA PRENSA/David Mesa

Los resultados del Balance de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas en Panamá, realizado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, reveló que las instituciones gubernamentales no tienen políticas claras dirigidas a los pueblos indígenas.

La primera parte del proyecto (que se ejecutará entre 2010-2011) concluyó que las entidades que destinan recursos económicos para programas o proyectos sociales no toman en cuenta a los indígenas.

Ana Teresa Ávila, coordinadora del proyecto de balance –auspiciado por la Unión Europea–, explicó que los pueblos indígenas no son tomados en cuenta al momento de la evaluación, diseño o ejecución de los proyectos o programas.

Para la realización del balance, la fundación llevó a cabo encuestas de grupo, desde marzo a junio pasado en los pueblos Bri Bri, Emberá, Wounaan, Nasos Teribes, Kunas o Dule y en la región de Darién.

La encuesta reveló que las instituciones del Gobierno que trabajan con políticas públicas no respetan las tradiciones ni la cultura de las comunidades; incluso muchas de las entidades carecen de personal capacitado en derechos humanos, y menos en derechos indígenas.

Un ejemplo de estos programas es el de “100 a los 70” que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social. Como muchos indígenas no fueron registrados en el momento de nacer, sino años después, o sencillamente no fueron registrados, ahora no tienen manera de comprobar que tienen 70 años o más y que tienen derecho a cobrar el bono.

Carlos Gasnell Acuña, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, explicó que a 33 instituciones se les pidió que enviaran información sobre los proyectos sociales que desarrollan en comunidades indígenas, pero la mayoría no presentó cifras que lo respalde. No especificó cuántas entidades respondieron a la solicitud.

Lo que sí dijo Gasnell es que el entonces Ministerio de Gobierno y Justicia fue la única institución que no respondió a la petición, a pesar de que cuenta con la Dirección de Políticas Indígenas.

Esta situación causó preocupación, ya que la falta de políticas públicas organizadas impedirá alcanzar –antes de 2015– los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, con respecto a la pobreza en los pueblos indígenas.

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