reacciones de los candidatos presidenciales

Medidas son buenas pero tardías: Martinelli

Ricardo Martinelli dijo que la decisión es buena, pero tardía. Balbina Herrera aseguró que ella exigiría visa a colombianos y mexicanos.

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PRESIÓN. El pasado domingo, los panameños marcharon contra la inseguridad en el país. LA PRENSA/ Archivo PRESIÓN. El pasado domingo, los panameños marcharon contra la inseguridad en el país. LA PRENSA/ Archivo
PRESIÓN. El pasado domingo, los panameños marcharon contra la inseguridad en el país. LA PRENSA/ Archivo

Los cuestionamientos a las medidas anunciadas por el presidente, Martín Torrijos, para afrontar la ola de inseguridad en el país, no solo provienen de la sociedad civil organizada.

El opositor Ricardo Martinelli, candidato presidencial de la Alianza por el Cambio, dijo a través de un vocero que las propuestas que Torrijos presentará este lunes a la Asamblea son buenas, pero tardías.

Martinelli, quien en su propaganda política ataca duro a Torrijos y a la candidata oficialista, Balbina Herrera, es partidario de revisar las penas a los menores de edad para “que sean castigados como adultos”.

La última encuesta de Unimer elaborada para este diario reveló que casi la mitad de los panameños considera que la inseguridad es el principal problema del país.

Jesy Mae, vocera de la campaña del candidato presidencial de Vanguardia Moral de la Patria, Guillermo Endara, dice que las propuestas son tardías, improvisadas y demagógicas, “tal cual las presentó en su plan de gobierno que nunca cumplió”.

La candidata Herrera, por su parte, se mostró complacida con la decisión de su copartidario. No obstante, manifestó que ella iría mucho más allá y exigiría visa a ciudadanos colombianos y mexicanos.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia asegura que en el país “hace falta coordinación, profesionalización de los estamentos de seguridad, y hace falta una política de prevención de la violencia y el crimen”.

El Pacto de Estado por la Justicia estudia un proyecto de ley sobre la política criminológica, el cual está engavetado desde junio de 2008.

Las medidas de seguridad más llamativas son: aumento de la pena máxima a 50 años de prisión, y exigir historial penal y policivo a las personas que vayan a ejercer labores de custodia de banco, de valores, servicio doméstico, agente de seguridad, conductor de bus colegial, docencia, manejo de explosivos, transporte aéreo, y otras labores sensitivas.

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