PERCEPCIÓN.PANAMÁ ESTÁ ENTRE LOS PAÍSES MAL EVALUADOS.

Un alto a la impunidad pide Transparencia

Más de dos tercios de los 159 países evaluados obtuvieron una puntuación por debajo de cinco, en una escala de 1 a 10.

Panamá obtuvo una calificación de 3.5. Según los parámetros de TI, una cifra menos de 5 es negativa.

Corrupción. La reforma a la Administración de Justicia es vital en la lucha contra la corrupción. Corrupción. La reforma a la Administración de Justicia es vital en la lucha contra la corrupción.
Corrupción. La reforma a la Administración de Justicia es vital en la lucha contra la corrupción.

Rafael Pérez G.rperez@prensa.comNo hubo sorpresas para Panamá en el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) hecho público mundialmente ayer por Transparencia Internacional (TI).

Pese a la derogatoria de la reglamentación de la Ley de Transparencia y la puesta en práctica de un código de ética en el sector público, las instituciones gubernamentales aún no "recuperan" la confianza perdida.

A juicio de Angélica Maytín Justiniani, presidenta ejecutiva del capítulo panameño de TI, "mientras se encuentren en libertad personas que han cometido actos de corrupción, seguiremos rezagados".

Cada año, TI divulga los resultados del referido IPC basado en datos relativos a la corrupción proveniente de encuestas de expertos llevadas a cabo por instituciones de reconocido prestigio. Esos resultados reflejan la opinión de empresarios y analistas de todo el mundo que incluye a expertos locales en los países evaluados.

Por ejemplo, la calificación de 3.5 que tiene Panamá sobre un máxima puntuación de 10, se obtuvo de siete encuestas, cuatro de las cuales fueron llevadas a cabo este año como las realizadas por la revista británica The Economist, Merchant International Group, el Informe de competitividad global del World Economic Forum y el Centro de Investigación de Mercado.

También se utilizaron los informes de competitividad global de 2003 y 2004 del World Economic Forum y un estudio de la Universidad de Columbia del 2003.

Panamá comparte la misma calificación –3.5– que obtuvo México, Perú, Ghana y Turquía. Islandia, por el contrario, fue el país clasificado con mejor índice de percepción con 9,7, seguido muy de cerca por Finlandia, Nueva Zelanda y Dinamarca.

"No permitir que los actos de corrupción queden impunes sería el mejor antídoto y permitiría mejorar nuestra imagen nacional e internacional", comentó Maytín.

El secretismo en la administración pública, la influencia de los grupos con acceso al poder y el financiamiento político distorsionado son, a juicio del capítulo panameño de TE, "extremadamente nocivos" para la imagen de las instituciones públicas.

La reciente ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, recordó Maytín, establece un marco legal para el "progreso sustentable" de la lucha contra la corrupción. La convención –que entrará a regir en diciembre próximo– acelerará la recuperación de fondos robados, forzará a los centros bancarios a tomar medidas contra el lavado de dinero y permitirá a las naciones perseguir a las compañías extranjeras y a los individuos que hayan cometido actos de corrupción en su territorio. Por ello, agregó la activista, Panamá podrá atraer la inversión extranjera y generar mayor crecimiento económico.

Pero eso, según Maytín, no es suficiente. Hizo hincapié en la necesidad de aplicar la carrera administrativa e introducir reformas que garanticen la autonomía e independencia de la Administración Pública, con el fin de que pueda tomar sus decisiones basada en los méritos de los funcionarios y no por las presiones del Ejecutivo inclinadas a nombrar a los que le apoyaron en su campaña electoral, a sus amigos y parientes.

Maytín también recordó la urgencia de ponerle punto final a los privilegios de los altos cargos.

El informe completo puede encontrarse en el sitio de internet transparency.org.

PROPUESTA DEL TI

.Crear oficinas de recepción de denuncias de corrupción, para enviarlas al Ministerio Público.

.Reformar ley sobre enriquecimiento injustificado para facilitar la investigación y establecer la obligación revisar todos los años las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios.

.Poner en práctica un sistema de compras públicas por internet que dote de mayor transparencia al actual sistema de licitación.

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