laudos arbitrales

Estado fue condenado a pagar $175 millones

En la Fiscalía Superior Especializada de Asuntos Civiles hay 474 procesos abiertos contra el Estado por 808 millones de dólares.

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reclamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado a pagar una indemnización a los trabajadores despedidos por la Ley 25 de 1990, acusados de organizar un supuesto golpe de Estado. LA PRENSA/Archivo reclamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado a pagar una indemnización a los trabajadores despedidos por la Ley 25 de 1990, acusados de organizar un supuesto golpe de Estado. LA PRENSA/Archivo

reclamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado a pagar una indemnización a los trabajadores despedidos por la Ley 25 de 1990, acusados de organizar un supuesto golpe de Estado. LA PRENSA/Archivo

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El Estado panameño ha sido condenado a pagar mediante sentencias o laudos arbitrales 175 millones de dólares, de los cuales ya ha pagado 137 millones.

Por otro lado, en el Ministerio Público hay cerca de 474 procesos civiles activos contra la Nación, que suman más de 808 millones de dólares.

Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas detalla que, en total, se han recibido 10 sentencias que condenan al Estado (ver cuadro) al pago de una indemnización a su contraparte.

De estas, tres están en proceso de ejecución y suman 28.7 millones de dólares, suma que, según el documento, aún no ha sido pagada.

Dentro del grupo que aún está pendiente de pago, se encuentra el laudo dictado en contra del Estado panameño –el 20 de mayo de 1999– que corresponde a una demanda promovida por el Consorcio Van Dam-Sossa y Barbero por incumplimiento del contrato de construcción de un puente sobre el Canal de Panamá.

A pesar de que el puente no se hizo, el Estado tiene una deuda con este consorcio por 23.2 millones de dólares.

Por otro lado, el Estado también fue condenado en febrero de 2001, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al pago de unos 65 millones de dólares por el despido de 270 trabajadores públicos acusados de complicidad en un golpe de Estado en contra del entonces mandatario Guillermo Endara (ya fallecido).

Por esta sentencia, el Estado tiene aún pendiente por pagar 2 millones de dólares, según el informe de la Dirección de Crédito Público del MEF.

La tercera sentencia ejecutoriada que aún no ha sido pagada es por 3.5 millones de dólares, y la condena fue dictada por la Corte Suprema de Justicia, el 27 de mayo de 2008, por el incumplimiento de un contrato suscrito por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), para un proyecto de desarrollo en Cermeño, Capira.

Aumentan los montos

En 2005, el MEF reportó haber pagado la suma de 113.1 millones de dólares en concepto de condenas en contra del Estado. Para el año 2009, Panamá había saldado cuentas por este mismo renglón por 137.4 millones de dólares.

Sin embargo, pese a las millonarias sumas pagadas en 2005, el país terminó el año con un saldo pendiente de 58 millones de dólares, según documentos del MEF. En 2009, el saldo de la deuda llegó a los 175 millones de dólares.

Esta suma aumentó durante los últimos años, al ratificarse el laudo arbitral que condenó al Estado a pagar 32 millones de dólares al consorcio francés Laurent Jean Marc-Parientini por la suspensión de un contrato para construir una terminal de buses en la ciudad de Colón.

También se han sumado las sentencias que obligan al Estado a pagar 17.1 millones de dólares a ICA-Panamá; 60 millones al Banco Nacional de Panamá; 15.1 millones al Municipio de Colón; 6.4 millones de dólares a empresas de cruceros, y 2 millones de dólares por otra sentencia en el caso de la Autoridad del Canal de Panamá contra la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA)y el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ESRP).

En el plan estratégico del gobierno de Ricardo Martinelli para el 2010-2014, se enumeran los casos y montos de sentencias o laudo arbitral que tiene pendiente de pago el Estado panameño.

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