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Más funcionarios tendrán que declarar

Un proyecto de ley que fue aprobado en primer debate, amplía la lista de servidores públicos que deben hacer su declaración patrimonial.

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Los alcaldes, los tesoreros municipales, los representantes de corregimiento, los embajadores, los cónsules, los magistrados del Tribunal Electoral, el administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia así como el fiscal de cuentas son los nuevos funcionarios que estarían obligados a presentar su declaración jurada de bienes.

Estos funcionarios fueron incluidos en el proyecto que reforma la Ley 59 de 1999 que regula la declaración jurada de bienes, ya que no figuraban en la lista de los que están obligados a presentar su declaración patrimonial. La propuesta está en segundo debate en la Asamblea Nacional.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Alberto Rosas, manifestó que luego de varios debates decidieron ajustar “las denominaciones de los funcionarios de manejo que tienen que rendir declaración”.

Con la actual ley, algunos de los que deben declarar su estado patrimonial son el Presidente, el contralor y los ministros (ver tabla).

De acuerdo con la Contraloría, en los últimos años algunos representantes, embajadores, entre otros funcionarios que no figuraban en la lista, hacían su declaración de forma voluntaria.

Grupos de la sociedad civil propusieron –durante el debate del proyecto– la inclusión de los diputados, pero la comisión sustentó que ellos no son funcionarios de manejo. Lo que sí logró la sociedad civil es que se incluyera un artículo que establece que cualquier ciudadano podrá solicitar la declaración jurada de los funcionarios al notario o a la Contraloría. El que incumpla será sancionado con descuento a su salario, o podría ser destituido de su cargo.

En la actualidad, un ciudadano no tiene derecho a hacer esta petición.

Lo que dice la ley 59 de 1999

Articulo 1. El Presidente, el vicepresidente, los magistrados de la Corte, jueces, ministros, procuradores, rectores, directores, defensor del Pueblo, contralor, jefes de entidades, directores nacionales y provinciales, y empleados de manejo, según el Código Fiscal deben declarar.

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