Rosas: 'Ministerio Público debió tomar control del expediente del Mitradel'

El diputado Jorge Alberto Rosas afirmó que lo sucedido con la cuña es un delito, tanto de la persona que sustrajo el video, como de la que ordenó la sustracción de la prueba, la que la usó para elaborar la cuña y el autor intelectual.

El diputado opositor Jorge Alberto Rosas aseguró este jueves, 12 de julio, que el Ministerio Público (MP) debió haber entrado al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), desde ayer, a tomar control del expediente sobre la inspección realizada a la empresa Varela Hermanos, S. A., ya que de acuerdo a la denuncia pública hecha por la exdirectora de Trabajo, Ada Romero, información oficial relativa a ese proceso laboral fue utilizada con fines políticos. 

De acuerdo con Rosas, quien es además abogado, el MP debió citar de inmediato al director de Relaciones Públicas del Mitradel para que declare cuántas copias del video hizo, y para determinar si verdaderamente se sustrajo el video. 

“Pero evidentemente, tanto la ministra [Alma Cortés, como] el secretario general [Hernán García] han admitido en los medios de comunicación que la aseveración que hace la señora Ada Romero es correcta. Ese es el video de la diligencia que se hizo a la empresa Varela Hermanos”, aseguró el político del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). 

IRRESPETO A LA SEGURIDAD JURÍDICA

Rosas, quien pertenece a un partido aliado al gobierno pero actúa en oposición, advirtió que lo más grave de toda la situación que ha quedado en evidencia –tras las declaraciones de Romero– es que ellos están abriendo el marco para sacar las pruebas de un expediente y utilizarlas políticamente, irrespetando la seguridad jurídica y el régimen de derecho.

“No hay justificación en la ley, ni moralmente, para que esos documentos los tenga el señor [Salomón] Shamah para utilizarlos en una cuña de publicidad sucia, de campaña sucia, en aspectos políticos y el MP tiene que entrar ya a investigar este grave hecho que es de trascendencia más que una campaña política”, remarcó el diputado.

Es que con este precedente que ha dado este gobierno de CD, que no respeta las instituciones –agregó– están haciendo que ningún juicio sea seguro y [nada garantiza] que mañana [no] sea utilizada cualquier evidencia de cualquier persona de este país si considera el partido Cambio Democrático que es para beneficio de ellos de carácter político. “Este es el precedente serio que excede el ámbito laboral”.

LA INSPECCIÓN Y LA LEY

Rosas explicó que el proceso de Varela Hermanos es un caso donde el Mitradel hace una diligencia a una empresa, recaba pruebas y por instrucciones del propio ministerio va y toma entrevistas y vistas de la compañía.

Detalló que esa información, esas pruebas recabadas, de acuerdo al artículo 543 del Código Laboral no pueden salir del expediente y son responsabilidad –civil y penalmente– del secretario judicial de la dirección general de Trabajo.

Destacó que ayer y hoy en la mañana, la ministra Cortés y el secretario general Hernán García han dicho que la responsabilidad era de la exdirectora Ada Romero y que eso es falso.

"Estas pruebas no pueden ser sustraídas para fines particulares… y estas pruebas son trasladadas y entregadas al administrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Salomón Shamah, para que las utilice en una cuña política de los Amigos por el Cambio contra una figura política de este país. Esto es un delito, no hay otra forma de calificarlo, tanto de la persona que lo sustrajo, la persona que ordenó la sustracción de la prueba, la persona que la utiliza en la cuña, los que elaboran la cuña, y el autor intelectual, que coordina entre el Mitradel y la ATP para transferirle la evidencia recabada en este proceso al señor Shamah", aseveró.

Sobre el proceso laboral, que si la empresa paga o no paga, es secundario, según Rosas. "Evidentemente, añadió, aquí hubo una reclasificación de la función; si por X número de años le pagaban de acuerdo a una región y una actividad, y si el Mitradel considera que esa actividad cambió, entonces, luego de los recursos, deberá pagarlo, pero eso tampoco es justificación para que la ministra –que es autoridad en apelación de este proceso– salga de manera política a airear el caso cuando ella es la que va a decidir en segunda instancia".

Con ello, afirmó, la ministra ha quedado inhabilitada para conocer el proceso, "pero era más preocupante atacar políticamente, utilizando información privilegiada y que la ley prohíbe su uso fuera del expediente".

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