El Ministerio de Ambiente sancionó con una multa de $775 mil 200 a la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) responsable del proyecto Barro Blanco, en Tolé, provincia de Chiriquí.
Mediante la Resolución DM-0323 del 31 de agosto de 2015, esa entidad estableció una amonestación escrita contra Genisa por la falta de cumplimiento de las medidas de “negociación, reubicación e indemnización de los afectados por el proyecto hidroeléctrico”.
También se multa con $450 mil a la compañía Hidráulica San José, contratada por Genisa, debido a “descargas sin permiso a la quebrada Manchuria y falta de entrega de informes de seguimiento”.
Susana Serracín, miembro del Centro de Incidencia Ambiental, calificó la sanción como “pertinente” si se toma en cuenta que la compañía incumplió en cuanto a la normativa ambiental y la falta de acuerdo sobre los derechos del pueblo ngäbe.
Por su parte, el exdirector de Legal de la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente Harley Mitchell, hijo consideró la multa “correcta”, siempre y cuando estén bien sustentados los daños ambientales ocasionados por la obra en esa zona.
Se pudo conocer que la empresa presentó un recurso de reconsideración en este tema, el cual debe ser resuelto por parte del Ministerio de Ambiente.
De hecho, en un comunicado los responsables del proyecto respondieron que “tanto Genisa, empresa concesionaria del proyecto Barro Blanco, como Hidráulica de San José, compañía constructora de la obra, presentaron el pasado 7 de septiembre recursos de reconsideración contra cada elemento de la Resolución DM-0323-2015 del 31 de agosto emitida por el Ministerio de Ambiente”.
Según la compañía, las pruebas expuestas ante las autoridades dan fe del “correcto actuar de ambas empresas”, por lo que esperan que estos recursos sean resueltos lo antes posible.
En agosto pasado, el Gobierno y las autoridades de la comarca Ngäbe Buglé acordaron crear una nueva comisión técnica para evaluar en conjunto el proyecto.
En el acuerdo firmado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y la cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, ambas partes se comprometen, además, a la continuidad del proceso de diálogo sobre la viabilidad y factibilidad ambiental y social de la hidroeléctrica a orillas del río Tabasará, en Tolé.