El día antes, el Ministerio de Gobierno y Justicia ordenó el cierre de operaciones de la agencia de noticias United Press International (UPI) y otorgó un plazo de 72 horas a su corresponsal, la estadounidense Elizabeth Lordan, para abandonar el país.
El gobierno militar se había ensañado con medios de comunicación. Expropió el Panamá América; cerró La Prensa –hasta en tres ocasiones- y Quiubo, entre otros, y expulsó a tres corresponsales extranjeros. Pero era la primera vez que cerraba una agencia internacional.
Renato Pereira
LA PRENSA/Archivo
La orden fue firmada por el ministro Renato Pereira y el director de Medios del Ministerio de Gobierno y Justicia, Luis Romero Villalobos. La notificación fue colgada en la puerta de la residencia de Tomás Cupas, un periodista panameño que fue corresponsal de UPI en los últimos 27 años.
El gobierno alegaba que UPI “sistemáticamente violó las normas éticas periodística con la publicación de noticias falsas, con la evidente intención de desacreditar a las autoridades panameñas y dañar la imagen de sus líderes”.
En agosto, el gobierno multó a Lordan con $1,500, por divulgar “información falsa” sobre la crisis política panameña. En aquella oportunidad, ejecutivos de UPI se reunieron con autoridades panameñas. La multa nunca fue saldada.
Cuando Associated Press (AP) preguntó al ministro Pereira si procedería contra otras agencias de noticias, éste advirtió que lo ocurrido con UPI no debía ser tomado como una “advertencia” sino como una “reiteración” que a los gobernantes panameños se les trataba con “respeto”.
Tres días después, Pereira dijo haber llegado a un acuerdo en el que UPI promete tener “más cuidado” en la redacción de sus despachos.