Se agudiza la tensión entre Panamá y Estados Unidos, esta vez por la designación del remplazo del general Dennis McAuliffe como administrador del Canal.
Estados Unidos mantenía el control de la vía acuática hasta el 31 de diciembre de 1999, pero –según los Tratados Torrijos Carter pactados en el año 1977- correspondía nombrar a un ciudadano panameño para el cargo de administrador y a uno estadounidense para el de subadministrador, a partir del 1 de enero de 1990. “Dichos ciudadanos panameños serán propuestos a los Estados Unidos de América por la República de Panamá para su nombramiento en dichos cargos por los Estados Unidos de América”, según el Artículo III de los Tratados.
“Si los Estados Unidos de América removieran de su cargo de subadministrador o administrador al ciudadano panameño, la República de Panamá propondrá a otro ciudadano panameño, para dicho nombramiento por los Estados Unidos de América en su remplazo”.
Y eso fue precisamente lo que hizo la administración de George Bush: rechazó la designación del Gobierno panameño de Tomás Gabriel Altamirano Duque como administrador de la vía,e impuso en su lugar a Fernando Manfredo, quien hasta entonces actuaba como subadministrador.
El argumento dado por Estados Unidos era su no reconocimiento al régimen de Noriega, por lo que la nominación de Altamirano Duque no sería siquiera evaluada.
Pero la sorpresa la dio la oposición panameña: rechazó la designación de Manfredo y pidió a los militares iniciar conversaciones “de manera que nada pueda entorpecer la plena nacionalización de nuestro canal”.
Hasta entonces, la oposición panameña guardaba sintonía con la Casa Blanca, su aliado desde que el coronel Roberto Díaz Herrera acusó públicamente a Noriega de colaborar con el narcotráfico y de participar en la muerte del general Omar Torrijos en 1981, en el fraude electoral de 1984 y en el homicidio del médico Hugo Spadafora en 1985, entre otros ilícitos.
El 4 de febrero de 1988, un jurado de Miami formuló cargos de narcotráfico a Noriega y un mes después, el gobierno estadounidense adoptó sanciones económicas y diplomáticas, y congeló las cuentas bancarias en bancos de Estados Unidos a nombre del Gobierno de Panamá.