Manuel Solís Palma
Nueve semanas antes y ante el vacío provocado por la nulidad de las elecciones generales de 1989, el “Consejo General del Estado” ordenó la conformación de un “gobierno provisional” y acordó disposiciones que permitieran “preservar el orden institucional”, las cuales nunca se cumplieron.
Por chocante que parezca, el Consejo General del Estado era un cuerpo validado por la Constitución de 1972. Lo integran el presidente y vicepresidente de la República, los ministros y directores de entidades autónomas y semiautónomas, el comandante de la Fuerza Pública, el contralor, los procuradores, el presidente de la Asamblea y los presidentes de los Consejos Provinciales.
El 31 de agosto de 1989, el referido Consejo firmó un acta para designar a Francisco Rodríguez y Carlos Ozores –“dos ciudadanos de reconocida honorabilidad”- como presidente y vicepresidente de la República, respectivamente. Rodríguez conservó a la mayoría de ministros del Gabinete de Manuel Solís Palma, el hasta entonces ministro encargado de la Presidencia. Supuestamente el “gobierno provisional” debía celebrar elecciones tan pronto se dieran las “condiciones adecuadas”, entre las que debían figurar, “de manera indispensable”, el cese de la “agresión” estadounidense y el descongelamiento de los dineros del Estado panameño “retenidos arbitrariamente” por el Gobierno de Estados Unidos.
Tal convocatoria a nuevas elecciones generales nunca sucedió.
Otra medida ordenada por el Consejo General del Estado que tampoco se llevó a cabo fue la reestructuración del Tribunal Electoral (TE), que bajo la dirección de la magistrada presidente Yolanda Púlice de Rodríguez había anulado los comicios en los que se alzó la nómina opositora encabezada por Guillermo Endara. Lo mismo ocurrió con unas prometidas reformas a la ley electoral; nunca se ejecutaron.
Hay más acuerdos incumplidos.
El gobierno provisional debía elaborar un ante proyecto de Constitución que asegurara “la preservación de las conquistas logradas por la nación panameña en su lucha por sus derechos soberanos y la erradicación de toda muestra de colonialismo”, en referencia a la presencia del Comando Sur en la zona canalera. Tales modificaciones tampoco se pusieron en marcha.
Los acuerdos emanados por el Consejo General del Estado quedaron para la historia como un ejemplo más de la improvisación con la que se manejó la ya para entonces agonizante dictadura militar.