Noriega Gaceta Oficial /ARCHIVO
Ese día, en la Gaceta Oficial, se publicó una “declaración” alucinante: el Consejo General de Estado advirtió que si Estados Unidos atentaba contra Manuel Antonio Noriega, al gobierno panameño le sería “muy difícil” responder por la seguridad de los dirigentes de la oposición “y demás colaboradores nacionales y extranjeros de la actual política terrorista” de la administración de George Bush.
El Consejo General del Estado era un adefesio de los militares, integrado por los órganos Ejecutivo y Legislativo, y el general Noriega, comandante jefe de las Fuerzas de Defensa.
Según la referida declaración, Estados Unidos fraguaba y un plan –denominado “Panamá 5”- para acabar con Noriega, el Estado Mayor y otras “personalidades patriotas” de la política criolla, término utilizado para referirse a los personajes civiles leales a la dictadura militar.
El Consejo advirtió que no haría frente –ya sea por incapacidad o inacción- a “la ira popular y los clamores de venganza” que se “esparcirían” por todo el país si algo le ocurría al general.
Este manifiesto, además, era inconstitucional.
Una de las garantías fundamentales consagradas en la Carta Magna es que las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los nacionales y extranjeros que se encuentren bajo su jurisdicción. No solamente la de los que se cobijaban bajo el manto de un cuartel.