La presidenta chilena, Michelle Bachelet, envío hoy al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto en caso de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre, una de las principales iniciativas planteadas en su campaña presidencial.
"Hoy estamos cumpliendo este compromiso con el envío del proyecto al Congreso para su debate", dijo la mandataria socialista en uno de los salones del Palacio de la Moneda, donde se realizó una ceremonia.
Junto a los ministros de Justicia, José Antonio Gómez; del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Claudia Pascual, y de Salud, Carmen Castillo, Bachelet sostuvo que "no se puede obligar a las mujeres a que carguen solas por no poder decidir por una ley".
"Se trata de una situación difícil que debemos enfrentar como país maduro", añadiendo que "la normativa vigente no responde al trato digno que el Estado debe otorgar a sus ciudadanas".
Indicó que con este proyecto las chilenas podrán decidir informadas sobre el aborto y que se está "brindando el apoyo a las mujeres en momentos muy dolorosos".
"Amamos la vida y nadie quisiera interrumpirla, pero cuando está en riesgo la vida de la madre, o cuando la vida que se gesta es inviable o fruto de la violencia sexual, hay que tomar una decisión", aseguró la presidenta.
Aseveró que dicha situación no se puede evitar "obligando a las mujeres a que carguen solas con las pesadas consecuencias de no poder decidir por causas de una ley, porque atropellamos su dignidad, prolongamos su sufrimiento y arriesgamos su vida".
Chile, junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y El Vaticano, son los seis países del mundo donde está penalizado el aborto terapéutico.
La mandataria recordó que su país tuvo una importante tradición jurídica en este ámbito, pero fue interrumpida arbitrariamente en los últimos días de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El tema del abortó saltó fuerte a la palestra en la primera semana de enero cuando la hasta entonces ministra de Salud, Helia Molina declaró que "en todas las clínicas cuicas (adineradas) de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas".
La titular de Salud criticaba así la postura de los grupos políticos y sociales más conservadores, contrarios a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier supuesto.
Y también la hipocresía de "las personas que con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos".
El rechazo a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo procede principalmente del partido ultraderechista Unión Demócrata Independiente y de la Iglesia, en un país donde el 72% de la población se declara católica, pero sólo un 14% se declara observante.