Empresarios no siguieron las reglas en la entrega de mochilas escolares

Seis empresas son responsabilizadas por la Contraloría General de República de causar una lesión al Estado por la suma de 14 millones 229 mil 526 dólares con 73 centésimos en los contratos de compra y distribución de mochilas escolares en los años 2012 y 2014.



Un informe forense de la Contraloría, al que tuvo acceso este diario, indica que los representantes de estas compañías no solo sabían de antemano el precio, sino que manejaban información privilegiada: sabían quién se quedaría con los contratos del Ministerio de Educación (Meduca) y el Programa de Ayuda Nacional (PAN).



LAS EMPRESAS



Las empresas señaladas por la Contraloría en las presuntas anomalías son: Hialing Corporation y Vafepa, S.A., del comerciante Pablo Ruiz Obregón, quien está detenido de forma preventiva desde el pasado 8 de junio.



En la lista también se encuentran las empresas APM Supplies y Comercializadora Galbedusa Panamá, S.A., de la empresaria Poulett Morales, quien se encuentra detenida desde el 3 de junio.



Las otras dos compañías son: Unitel Trader, S.A. e Inc. Consultoría, S.A., de Carlos Caneto Araúz. (Ver gráfica)



Unitel Trader, S.A. tenía como representante legal a René Guardia, pero cuando la Contraloría le preguntó a Guardia sobre actividades financieras de las empresas, este dijo que “Carlos Araúz es el propietario de la empresa y fue quien le solicitó que firmara una serie de documentos”. Agregó que desconocía las actividades que realizaba la empresa.



Mientras que en los documentos aportados al PAN, Eliécer Tuñón Jaén fue reportado como representante legal de Inc. Consultoría, S.A. y cuando fue consultado sobre esta compañía, este dijo que “solo se limitó a firmar documentos a solicitud de Carlos Araúz, quien es el dueño de la empresa”.



LAS FALTAS



En 2012, el Meduca contrató a Hialing Corporation, APM Supplies y Unitel Trader para suministro de transporte, entrega y descarga de mochilas escolares en lo que el Meduca denominó sector 1, 2 y 3.



El sector 1 incluyó a Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas y Chiriquí. El 2 abarcó: Coclé, Colón, Herrera, Los Santos y Panamá Oeste, mientras que el área 3 estipuló a Darién, la comarca Emberá, Guna Yala, Panamá centro, Panamá este y San Miguelito.



Pero los contratistas, de acuerdo con el documento de la Contraloría, distribuyeron las mochilas en lugares distintos a lo establecido en el contrato.



Esto ocasionó que directores de escuelas, maestros, así como miembros de los clubes de padres de familia, se vieran obligados a retirar las mochilas en centros de acopio que fueron instalados por las empresas. Es decir, usaron recursos propios o de los padres de familia.



En algunos casos tuvieron que usar medios de transporte del Meduca o del PAN para hacer este trabajo. En otras palabras, el Estado pagó dos veces el transporte de las mochilas.



En 2014 ocurrió algo parecido a lo que ocurrió en 2012. El PAN contrató a Comercializadora Galbedusa, Inc. Consultoría y Vafepa, S.A. para el mismo propósito, pero, de acuerdo con el informe, las actas que describen la recepción del producto fueron firmadas por personas que manifestaron que no participaron en la recepción e inventario de las mochilas. “Solo firmaron dichos documentos por instrucciones de sus jefes”, reportaron los peritos en el informe.



Eran tiempos de campaña. El partido oficialista, Cambio Democrático, se erigía como el favorito de las encuestas para quedarse con la Presidencia de la República. Había que tener contento al pueblo. Por eso, en 2014, el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, preso en El Renacer mientras se investiga su participación en supuestos actos de corrupción, adquirió 94 mil 428 mochilas por $943 mil a solicitud de “varios diputados”. A pesar de que el PAN ya había tramitado la adquisición de 810 mil mochilas para ser distribuidas en todo el país, en $11.2 millones.



Sorprendentemente para los auditores, las entregas de 2014 coincidieron con las que se negociaron en los contratos DC–300–2013, DACP–335–2013 y DC–366–2013 [las 810 mil mochilas]. De ahí que varios testimonios de los beneficiarios coincidieron en que ignoraban de dónde provenía la entrega. Lo que sugiere que pudieron usarse como una dádiva de campaña para buscar votos.



Este caso es investigado por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que por la misma causa procesa al exdirector del Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia Jaén, a la exministra de Educación Lucy Molinar, y a los empresarios Pablo Ruiz Obregón, Poulett Morales, y Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli.



Aparte de Caneto Araúz, otro que es mencionado en este expediente, a cargo de la fiscal Vielka Broce, es Félix Fernández–Miranda, quien –al igual que Araúz– tuvo que ver con los contratos para la compra de 600 mil mochilas escolares durante el pasado quinquenio.



Caneto Araúz tiene una medida cautelar de casa por cárcel desde el viernes 15 de mayo, pero por las presuntas irregularidades en la compra de bolsas de comida, caso que investiga la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo.