De las 18 personas que han sido señaladas en el escándalo de los contratos para el alquiler de helicópteros a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante los cinco años del gobierno pasado, 15 no han sido interrogadas todavía por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Vielka Broce.
Fuentes ligadas a las investigaciones confirmaron que entre los exfuncionarios que aún no han comparecido ante la fiscalía están los exministros de Salud Franklin Vergara y Javier Díaz; y los extitulares de Desarrollo Agropecuario Emilio Kieswetter y Óscar Osorio.
Tampoco ha rendido testimonio el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, sobre quien pesa una medida cautelar de prohibición de salida del país como resultado de otra investigación por supuestas anomalías en contratos del PAN; esta vez, para la compra de comida deshidratada.
En el caso de las aeronaves también faltan por declarar el exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil Arturo Alvarado de Icaza; y el exadministrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras Franklin Oduber.
En la misma condición están el ex viceministro de Salud Serafín Sánchez; así como la ex secretaria general y el exdirector de Administración de esa entidad Adelys Varela y Ramón Cuervo, respectivamente.
Asimismo, el exsecretario de la Red de Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Jorge Torregosa; la exdirectora del Programa 100 a los 70 –que ejecutaba el mismo ministerio– Yessica Pérez; y el excoordinador de Pagos de dicha institución Eliécer Lara.
También están pendientes de ser interrogados la exdirectora de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario Lina Tejeira; y el empresario Gabriel Btesh.
LOS QUE YA FUERON
Hasta ahora, los únicos que han sido indagados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública son el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén; el extitular del Mides Guillermo Ferrufino; y el empresario Fotis Lymberópulos.
Las auditorías señalan a cuatro empresas a las que se les otorgaron los contratos: Love Aviation Inc., Cabin Corp., Heli Fly Panamá, S.A., y Aviones y Partes.com Panamá, S.A.
Según el informe de auditoría de la Controlaría, por este caso se habría causado una lesión patrimonial al Estado de $10.1 millones.
El alquiler de las naves oscilaba en alrededor de $3 mil la hora, a pesar de que el precio en el mercado local era de $1,800 la hora.