El detenido alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de conspirar contra el Gobierno de Venezuela, es víctima de "pruebas contaminadas" y conclusiones jurídicas "retorcidas" para involucrarlo en "hechos falsos", dijo hoy Omar Estacio, uno de sus abogados.
"Las imputaciones contra Ledezma están basadas en hechos falsos, pruebas contaminadas, poco creíbles, por no decir pruebas deleznables, y en conceptos y calificaciones jurídicas retorcidas", declaró el letrado en una entrevista con la emisora privada Televen.
El alcalde y líder del partido opositor Alianza Bravo Pueblo (ABP) fue acusado formalmente un día después de su detención, el 19 de febrero pasado, de conspiración y asociación delictiva, y trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, próxima a Caracas, donde espera ser juzgado.
Ledezma fue implicado por militares y civiles que figuran en vídeos difundidos insistentemente por la televisión estatal en los que estos admiten su participación en un reciente intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, por el cual han sido detenidos también al menos siete oficiales de la Aviación Militar.
La difusión de pruebas que deben mantenerse "bajo reserva" las contamina como elemento judicial, además de que se basan en "hechos falsos" como que Ledezma mantuvo conversaciones telefónicas con venezolanos en Estados Unidos acusados de planificar un golpe de Estado, lo que sencillamente "no existió", remarcó el abogado.
"La única ley es que no hay ley, sino una anomia social encabezada por el jefe de Estado", añadió al recordar que fue el gobernante quien difundió algunas de esas supuestas pruebas.
Subrayó también que un fallo de 2009 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó que el delito de conspiración existe "cuando se busca cambiar el régimen republicano", lo que repitió que no es el caso de su defendido.
Además, prosiguió, existen otras sentencias de esa máxima instancia judicial venezolana que equipara el cargo de alcalde metropolitano al de gobernador regional, ambos de elección popular y por el cual sus titulares gozan de inmunidad judicial.
En virtud de ello, las acusaciones en contra Ledezma, dijo, deben ser conocidas por el TSJ en un llamado "antejuicio de mérito", el cual debe mantener en libertad al acusado en reconocimiento a su derecho a "defenderse antes de que se le prive de libertad".
También se le imputa a Ledezma el delito de asociación, el cual se genera, añadió el defensor, "cuando se persigue un fin económico" y así se considera en la jurisprudencia nacional basada en normas surgidas en Italia a propósito de su lucha contra las mafias.
Estacio aseguró que adicionalmente fiscales y jueces que forman parte del proceso contra Ledezma "no son de carrera" sino "funcionarios que pueden ser removidos de un plumazo (porque) fueron elegidos a dedo y tienen una gran presión".