Luchando por el derecho al sufragio

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En los años de 1930 las fuerzas políticas, tanto liberales como conservadoras, se vieron amenazadas por las organizaciones emergentes constituidas por el partido socialista, el comunista y por los nacionalistas. Esto sucedía en el contexto de la depresión económica de 1929 y en una situación internacional de polarización creciente entre las fuerzas políticas defensoras de las democracias liberales frente al crecimiento del nazi-fascismo.

Retado por las nuevas fuerzas políticas, el liberalismo se fraccionó en numerosos partidos, y el conservadurismo prácticamente desapareció. Entre los liberales existía división frente al sufragio femenino: el sector que lo defendía no tenía mayoría en la Asamblea Nacional y un grupo de diputados liberales se atrincheró en una posición antifeminista, probablemente porque temían que las mujeres, dominadas por la iglesia y los conservadores, les dieran el triunfo electoral a sus adversarios.

Las dirigentes y militancia del Partido Nacional Feminista (PNF) simpatizaban con las organizaciones de izquierda. Sin embargo, el PNF nunca se alineó abiertamente con ninguna de las opciones políticas y durante años incrementó su lucha por el sufragio femenino. En 1932, el Partido Liberal Renovador presentó un proyecto sobre el sufragio femenino, defendido también por los diputados socialistas Demetrio Porras y Sergio González, y las dirigentes del PNF Clara González, Elida de Crespo y Georgina Jiménez, que consiguieron cortesía de sala en la Asamblea Nacional, pero fueron interrumpidas por los diputados Jacinto López y León y Manuel Everardo Duque. El viejo liberalismo se resistía al cambio y el proyecto no prosperó.

En 1934, el PNF llevó a cabo una campaña, pidiendo a directorios de los partidos que se manifestaran públicamente sobre el sufragio femenino y en un Memorial (sustentado por más de 2 mil firmas), dirigido a la Asamblea Nacional, reiteró la demanda del sufragio, reformas al Código Civil, Tribunales para Menores, escuelas industriales y leyes de protección a la mujer obrera. Ese mismo año se creó la cédula de identidad personal, aunque solo para los varones. El PNF la exigió para las mujeres, pero se les negó.

En el año 1936, antes de las elecciones, Clara González, Otilia Arosemena de Tejeira y Elida Campodónico de Crespo solicitaron sus cédulas de identidad personal para votar, pero se las negaron. Reclamaron al Secretario de Gobierno, quien les respondió: “En Panamá no hay ciudadanas, sino ciudadanos”. Ni el Gobierno ni el Gran Jurado Nacional de Elecciones rectificó esta decisión.

Esa campaña electoral fue sumamente crispada e incluso violenta. Dos bloques se enfrentaban: el Frente Popular (liberales reformistas, demócratas, socialistas y comunistas) y la Coalición Nacional Revolucionaria (nacionalistas y liberales inmovilistas). Venció el candidato oficialista, Juan D. Arosemena, protegido y apoyado por el Gobierno, en unos comicios manipulados por el poder y de resultados cuestionados.

El PNF presentó un proyecto a la Asamblea Nacional para reformar las leyes electorales, defendido por los partidos del Frente Popular. Se oponían en bloque los partidos del Gobierno (Partido Liberal Nacional, el Partido Nacional Revolucionario). Los argumentos de los detractores del voto femenino escondían prejuicios y no correspondían a la realidad social de las panameñas. Los defensores esgrimieron argumentos legales, médicos, otros de carácter sociológico, y reivindicaron la idea de que “lo democrático, lo republicano, lo liberal” era respetar la voluntad democráticamente expresada de la ciudadanía, e incluso el diputado González expresó: “Yo creo, HH. DD., que el miedo que se le tiene al voto femenino no es tanto por el clero como por las ideas de izquierda”.

Dirigentes del PNF, a las que se unieron Esther Neira de Calvo y otras, asistieron desde las gradas de la Asamblea a las discusiones. Hubo empate en las votaciones hasta que el presidente Arosemena compró a un diputado y no se aprobó el proyecto de ley por ese voto.

Incansable, el PNF preparó un congreso en 1938 para fundar un movimiento democrático de mujeres que luchara por la democracia, la paz, y la liberación integral de la mujer. Pero no pudo realizarse porque el presidente Juan D. Arosemena lo impidió con su persecución: se le negó el local, se calló su voz en periódicos y emisoras de radio, se impidió el apoyo de las feministas de la Zona del Canal, y, sobre todo, con la amenaza de despido del secretario de Educación a las maestras que tomaran parte en actividades feministas.

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