El 17 de enero de 1964, el presidente Chiari nombró a Miguel J. Moreno Jr. embajador de Panamá ante la OEA (Organización de Estados Americanos), en Washington. Ciertamente, al embajador Moreno, cuyo nombramiento recibió un amplio respaldo popular, se le encomendó una misión delicada y difícil. Recibió instrucciones para que siguiera utilizando los buenos oficios de la Comisión Interamericana de Paz, a fin de lograr el compromiso de Estados Unidos de iniciar negociaciones para llegar a un nuevo Tratado del Canal, así como recurrir al Consejo de la Organización para presentar el cargo de agresión, si después de un término prudente no se alcanzaba un acuerdo en el seno de la mencionada Comisión.
Desde un principio, la gestión de Moreno, iniciada el 17 de enero, encontró escollos que parecían insalvables. Como él mismo sostiene en su libro testimonial Misión a Washington, al llegar allí “se encontró con que los voceros del Gobierno norteamericano pensaban y decían que no podían adquirir compromisos por la vía diplomática bajo presión, es decir, mientras no existieran relaciones diplomáticas entre los dos Gobiernos”. A su vez, la Comisión Interamericana de Paz adujo que era un organismo de conciliación que actuaba a solicitud de las partes ofreciendo sus buenos oficios, pero que no estaba facultada para entrar a discutir temas como la revisión de tratados.
En esencia, la misión de Moreno ante la OEA tuvo que enfrentar la inflexible posición del Gobierno de Estados Unidos de no sustituir el Tratado de 1903 y los pactos revisionistas posteriores. Ello, pese a los sangrientos sucesos de enero de 1964, que demostraron ante la faz mundial el lado más siniestro del neocolonialismo y el imperialismo del Coloso del Norte en la pequeña República istmeña. Así, mientras que Panamá planteaba negociar un nuevo tratado que pusiera fin a los conflictos entre los dos países, Estados Unidos solo aceptaba discutir o, en el mejor de los casos, revisar los desacuerdos existentes.
Ante las dos posiciones diametralmente opuestas que, en ocasiones, se malinterpretaron como una discusión semántica, además de las tácticas dilatorias y obstruccionistas de Estados Unidos, sustentadas por el embajador Miguel J. Moreno Jr. y el embajador Ellsworth Bunker, las negociaciones en el seno de la Comisión Interamericana de Paz estaban destinadas a fracasar.
La Comisión trató, inútilmente, que las partes reconocieran la validez de un comunicado, que, por su mediación, se emitió el 15 de enero de 1964, durante su visita a Panamá. Tampoco prosperaron otras fórmulas para llegar a un entendimiento.
Por ello, el 28 de enero, el embajador de Panamá solicitó la convocatoria del Órgano de Consulta y tres días después, en la sesión extraordinaria del Consejo de la OEA, pronunció un firme discurso en el que se refirió a los antecedentes y causas de los sucesos del 9 y 10 de ese mes, al tiempo que hizo el cargo de agresión contra el gobierno de Estados Unidos y apeló a la solidaridad de los países del continente americano para que se hiciera justicia a Panamá. El 4 de febrero, reiteró su acusación y le salió al paso a las afirmaciones del embajador Bunker de que el movimiento estudiantil panameño actuó inspirado por elementos extremistas de filiación comunista.
Pese a la tenaz oposición del embajador representante de Chile, el Consejo se constituyó en Órgano Provisional de Consulta y designó una Comisión General que, a su vez, estableció una Delegación Especial compuesta por los embajadores de Brasil, Costa Rica, México, Uruguay y Paraguay, que del 11 al 18 de febrero se trasladó a Panamá a recabar pruebas sobre la agresión y después presentó su respectivo informe.
No sin sortear otros obstáculos, como la propuesta de una fórmula de entendimiento del presidente de Costa Rica, Francisco Orlich, fuera del marco de la OEA, organismo cuya mediación había sido fuertemente cuestionada, el 12 de marzo, los embajadores Bunker y Moreno lograron llegar a un acuerdo que no pudo firmarse por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, en las que indicó que su gobierno no se había comprometido “a revisar y redactar de nuevo el tratado de 1903”, si bien poco después se mostró más conciliatorio.
LA DECLARACIÓN CONJUNTA DEL 3 DE ABRIL DE 1964
Finalmente, el 3 de abril de 1964, en la sede de la OEA, se firmó una declaración conjunta por la cual se decidió restablecer las relaciones diplomáticas y la designación sin demora de “embajadores especiales con poderes suficientes para procurar la pronta eliminación de las causas de conflicto entre los dos países, sin limitaciones ni precondiciones de ninguna clase”.
Los embajadores designados “iniciarían” de inmediato los procedimientos necesarios con el objeto de llegar a un convenio justo y equitativo”, que estaría “sujeto a los procedimientos constitucionales de cada país”. Con este histórico documento, no solo se encontró una salida diplomática a la crisis ocasionada por los aciagos sucesos de ese año, sino también se le puso fin a la etapa revisionista en las relaciones de Panamá con Estados Unidos por razón del Canal interoceánico. A la vez, se dio inicio a la etapa abrogacionista, es decir, a la búsqueda de la sustitución definitiva del ignominioso Tratado del 18 de noviembre de 1903. La gesta patriótica de enero de 1964 no había sido en vano.
FUENTES
Editor: Ricardo López Arias
Autor: Celestino Araúz. Profesor de Historia de la Universidad de Panamá.
Fotografía: Colección RLA/AVSU
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