Alivio. Sensación de mitigación, de atenuación frente a algo difícil. La máxima entidad de justicia se toma en serio la independencia que le reclama la población, y declara inconstitucional el asilo territorial que le ofreció el gobierno en 2010 a la reina colombiana de los “pinchazos”, María del Pilar Hurtado.
La Corte Suprema compite con la Asamblea Nacional por el índice más bajo de credibilidad. Si asume su responsabilidad de independencia en las decisiones que debe adoptar, puede que cambie su relación con la comunidad a la que se debe.
En una semana, gana credibilidad la Corte. Declara ilegal el asilo que concedió Martinelli a Hurtado y rebajar la pena a Matilde Gómez para que pueda posesionarse de su escaño el primero de julio, cuando empiece el nuevo período legislativo. Martinelli puso toda la carne en el asador en el proceso que desbancó a Gómez como procuradora general de la Nación.
Con la defenestración de Gómez, Martinelli pudo manipular a su antojo a quienes la precedieron en ese estratégico puesto.
En contravía con esas decisiones martinellianas, la Corte se jerarquiza y falla para posibilitar que Hurtado pueda atender a la justicia colombiana, que la reclama en seis procesos relacionados con espionaje y “pinchazos” a más de 300 personalidades durante el gobierno Uribe, y que Matilde pueda ejercer desde el día uno como diputada.
Para la justicia colombiana, son delitos comunes los cometidos por la reina de la “pinchadas” (o “chuzadas”), no obstante Martinelli le concedió asilo por considerar que era una perseguida política. Álvaro Alemán, entonces canciller encargado y futuro ministro de la Presidencia, ha afirmado que apoyó aquella decisión, pues, incluso, un magistrado en Bogotá se había anticipado, en público, a condenar a Hurtado.
La Corte panameña, por ocho de nueve votos, estima que son delitos comunes de los que se acusa a la exdirectora del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), a diferencia de aquello alegado por el gobierno de Martinelli.
El propio Presidente y aspirante presidencial, Juan Manuel Santos, telefoneó a Varela y le demandó que deshiciera el asilo y repatriara a Hurtado, y hasta confió en que Martinelli podría autorizarlo en las semanas que le quedan en el Palacio de las Garzas. Sustracción de materia. Nada de ello será necesario, pues la Corte ofreció su criterio.
Hurtado huyó a Panamá a finales de 2010, cuando era inminente una orden de captura en su contra por los seguimientos ilegales del DAS a magistrados, periodistas y políticos de oposición al gobierno de Álvaro Uribe. Un año después, el gobierno de Ricardo Martinelli le concedió el asilo. Se afirma que, con su actuar, ella trataba de penetrar al crimen organizado, que está enquistado en las altas esferas en Colombia, sin embargo fue más allá y, a todas luces, hubo estrategias de persecución contra personas opositoras o críticas de Uribe, o que llevaban investigaciones legítimas sobre su gestión. Hay más de 300 casos documentados de escuchas ilegales y persecución, en violación a normas y reglamentos establecidos.
La expectativa de la repatriación de Hurtado es alta, en un momento de alto perfil político, con la proximidad (15 de junio) del balotaje, entre el presidente Santos y su contrincante, Zuluaga, respaldado por el expresidente Uribe.
Esa Corte que castigó en 2010 a Matilde por una denuncia de escuchas, calificadas ilegales, despojándola de su puesto de procuradora general, la habilitó para que asuma el primero de julio su puesto de diputada electa en los pasados comicios.