La designación de cargos públicos, cuya ratificación depende de la Asamblea Nacional, convierte en quebradizo el presente momento político. Nos hemos acostumbrado los ciudadanos a dejar esas designaciones a los actores políticos, no involucrarnos, y termina decidiéndose como un botín.
En la praxis, los ciudadanos nos desentendemos y sale un monstruo. Participemos más e incidamos. Institucionalidad es designar buenos ciudadanos, competentes y honrados en puestos tan determinantes para la vida social como el de la Contraloría, las magistraturas de la Corte Suprema y el de la Procuraduría General de la Nación. Dicen algunos también la Procuraduría de la Administración. Ni sé.
Habrá sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente y su Gabinete, y, como el estilo es de apuro, a tambor batiente, se intentará nombrar el contralor y también al procurador.
Dejen esas veleidades y atiendan el sentir y requerimiento del país. No debe hacerse política con el libreto viejo, anterior a la caída/tumbada del muro de Berlín. Las sociedades funcionan hoy de una manera distinta. Hace unos días debió huir el mandatario de Burkina Faso, después de un asalto a la sede de la Asamblea Nacional, protestas callejeras y muchos tuitazos/gorjazos.
Convendría que en el próximo periodo ordinario, la Asamblea debata y, en sociedad, sobre nombres para los cargos, incluso los de nuevos magistrados. Y que participen todas las fuerzas, no solo las partidistas, con representación legislativa. Mientras se lleven a cabo esas designaciones, deben seguir en sus puestos aquellas personas que los ocupan.
Clamamos por procedimientos participativos y transparentes, en favor de la institucionalidad, menoscabada en el último lustro, justamente por intereses crematísticos y, por qué no decirlo, veleidades, surgidas de deformaciones del poder. Si no aplicamos una nueva metodología en esas selecciones, que es posible, incurriríamos en graves errores, como en el pasado.
No a negociaciones debajo de la mesa, a maletinazos ni a juegos de recámara, de espaldas a la población, que es el receptor principal de esas acciones. Sí a un compromiso de investigar, dentro de sus funciones, aquellos entuertos y más de la administración anterior, y que posea la valentía, independencia y entereza de decir no a los personeros del Ejecutivo cuando se evalúe que un gasto terminará en despilfarro o corrupción.
La postergación de la designación del cargo de contralor, en aquello que sería “un madrugonazo de fiestas patrias”, debe modificar el escenario, y propiciar que el país conozca las propuestas de cada uno de los postulados. No debe surgir esa candidatura de imposiciones, componendas o prebendas otorgadas por Órganos del Estado en favor del Legislativo o determinados diputados, a quienes corresponde votar, por la mitad más uno, mínimo, a favor de quien ocupará el cargo.
A los diputados: con calma, escuchen los planes de los 40 y tantos candidatos que se han presentado para aspirar al cargo de contralor, e igual procedimiento que aplique el Ejecutivo para el de Procurador de la Nación. De esas designaciones, dependerá de alguna medida la estabilidad en el futuro inmediato. Escuchen el sentir popular. No vean esa circunstancia como un botín.