Arnulfo Arias no le gustaba la ciudad de Panamá y tampoco su gente. Oriundo de Río Grande, en la provincia de Coclé, educado en Estados Unidos, heredero de la fórmula nacionalista de Acción Comunal y profundamente influenciado por su estancia en una Europa dominada por los nacionalismos exaltados, no comprendía el caos urbanístico, ni el hacinamiento humano, ni la arquitectura canalera silver roll trasplantada a Panamá en las casas de inquilinato y, menos aún, la presencia de decenas de miles de antillanos y chinos en la capital.
Lo atormentaba la fragilidad de la ciudad, así como la heterogeneidad de sus habitantes, al extremo de que una de las primeras medidas que adoptó al llegar al poder fue la contratación del urbanista austríaco Karl Brunner, así como la puesta en marcha de un plan encaminado a solucionar el problema de las “minorías étnicas” que producían el “desquiciamiento de la nacionalidad”.
“El país necesita imperiosamente mejorar sus actuales condiciones biológicas” importando inmigrantes que “llenen ciertos requisitos físicos y morales” y aprendan “panameñismo”, proclamó Arias en 1939 al regresar a Panamá como candidato presidencial. Pero la cuestión no era exclusivamente racial y cultural como se quería hacer ver, sino que tras bastidores subyacía un problema político de vastas proporciones que ponía a temblar a los partidos: el derecho al sufragio de los panameños descendientes de antillanos que, para 1930, sumaban 10 mil.
Arnulfo Arias conocía bien esta situación pues, en las elecciones de 1932, el grupo había votado en bloque por su hermano Harmodio. Incapaz de aceptar que los descendientes de antillanos que no hablaban castellano y no participaban de la cultura panameña, usufructuaran la nacionalidad e incluso tuvieran el poder de decidir una elección, Arnulfo Arias denunció públicamente: “viven amparados... por la nacionalidad de origen paterno o por la nuestra al agrado de sus conveniencias personales”. El otro “cuerpo extraño” era el de los chinos que también se proyectaba en dos direcciones: étnica y económica, pues acaparaba el 38% del comercio al por menor en la capital.
En 1940, la Sociedad Afirmación Nacional, un grupo ultranacionalista integrado por notables intelectuales como Baltasar Isaza Calderón, compartía plenamente los puntos de vista del mandatario respecto a los extranjeros, quienes eran percibidos como el mayor obstáculo para la definición de la identidad nacional. Felipe Juan Escobar, un abogado de origen afrocolonial, pensaba que el negro antillano despertaba “antipatía” sobre todo por cuestiones “raciales”, “que tenían un origen netamente estético”. El discurso oficial, como ya había ocurrido en el siglo XIX, se propuso destacar las diferencias psicosomáticas entre los negros coloniales y los antillanos, para concluir que aquellos eran superiores a los isleños, desestimulando así la solidaridad entre ambos grupos.
Este nacionalismo xenófobo, tenía también enfiladas sus baterías contra el tutelaje estadounidense. “En Panamá sólo debe existir, germinar y desarrollarse un solo credo, una sola doctrina, una sola fuerza directriz: Nuestro panameñismo... sano, sereno, basado en la investigación y en el estudio de nuestra geografía, nuestra geología, nuestra flora, nuestra fauna, nuestra historia y nuestros componentes étnicos”, declaró en 1939.
La renuncia a las recetas importadas por la maquinaria neocolonial a la “zona de contacto”, significaba poner distancia con la capital extranjerizada, al tiempo que marcaba el camino de la introspección reafirmando los postulados del ruralismo-nativismo cuya mirada estaba puesta en el interior del país, hábitat de los campesinos que no habían sido contaminados por los “extranjeros indeseables”.
FUENTES
Editor: Ricardo López Arias
Texto: Patricia Pizzurno. Profesora de Historia. Universidad de Panamá
Fotografía: Carlos Endara. Colección RLA/AVSU
Comentarios: vivir+@prensa.com