Un cambio en la política exterior de Estados Unidos significó el surgimiento y consolidación de la Policía panameña como supremo árbitro político a partir de 1931. Cambio manifestado en la respuesta estadounidense al golpe de Estado del 2 de enero de 1931, mediante el cual la agrupación nacionalista Acción Comunal derrocó al presidente Florencio Harmodio Arosemena.
En vez de enviar tropas para proteger al Gobierno constitucional, el ministro (embajador) de Estados Unidos en Panamá, Roy T. Davis, exigió la “constitucionalización” del golpe a través de la juramentación del Dr. Ricardo J. Alfaro, primer designado (vicepresidente) para un período que ya había expirado, en reemplazo de Arosemena. En el ámbito jurídico, el golpe de 1931 inaugura la tradición de “constitucionalizar” situaciones de hecho que años más tarde sería potenciada por la dictadura militar.
A los políticos de uno y otro bando, la revuelta de Acción Comunal les hizo evidente la necesidad de fortalecer la institución armada, de tal manea que pudiese hacer frente a asonadas levantiscas y llenar el vacío causado por la renuencia estadounidense a intervenir directamente en Panamá.
Bajo las administraciones de Harmodio Arias Madrid (1932-1936), Juan Demóstenes Arosemena (1936-1939), Augusto Samuel Boyd (1939-1940) y Arnulfo Arias Madrid (1940-1941), comenzó la militarización de la Policía Nacional con el objetivo de utilizarla en tareas de control político.
Ya en 1935, el comandante de la Policía Aurelio Guardia (cuñado del presidente Harmodio Arias) había encabezado un levantamiento policial en contra del secretario de Gobierno, Galileo Solís. El Presidente contuvo el levantamiento y destituyó tanto al secretario como al comandante, nombrando en reemplazo a Manuel Pino, propietario y político chiricano. De acuerdo con una publicación de la Policía Nacional, el comandante Pino proporcionó “una armazón sólida y estable” a la institución.
En 1936, Harmodio Arias utilizó la fuerza pública para imponer la elección del candidato oficialista Juan Demóstenes Arosemena. Una vez instalado en el solio presidencial, Arosemena se vio obligado a depender, más que sus predecesores, de la Policía, lo que apuntaló notoriamente la autonomía de la institución policial. Bajo la presidencia de Augusto Samuel Boyd, quien asumió la primera magistratura tras la muerte del presidente Arosemena (1939), la Policía Nacional reprimió duramente a los partidarios de la candidatura opositora, liderada por Ricardo J. Alfaro, en los comicios de 1940.
En su primer mandato, Arnulfo Arias tomó ciertas medidas para neutralizar la autonomía de la Policía Nacional y sujetarla a su control. Designó a un fiel copartidario, el periodista Julio Briceño, como comandante; dictó una Ley Orgánica de la Policía y creó la Policía Secreta, antecesora del Deni y de la actual DIJ.
Estas medidas produjeron malestar en la Policía, cuyo segundo comandante, Rogelio Fábrega, se confabuló con el ministro de Gobierno, Ricardo Adolfo de la Guardia, y agentes del Gobierno de Estados Unidos encabezados por el embajador Wilson y el general van Vooris del Comando Sur, para orquestar la defenestración del presidente Arias.
En otros artículos me referiré al auge y militarización de los organismos de seguridad pública en el período 1941-1951.
