Aunque el régimen autoritario panameño se sostuvo gracias a actividades corruptas, tales conductas eran compatibles con el continuo crecimiento de la economía. Samuel Huntington ha sostenido que pueden facilitar más que impedir el crecimiento al servir de contrapeso a las rígidas y centralizadas burocracias latinoamericanas.
Sin embargo, como Huntington destaca, la corrupción endémica no favorece uniformemente el desarrollo político. En el caso de Panamá, la capacidad de los militares para extraer recursos del sector ilícito de servicios aisló al régimen de la oposición civil y socavó los esfuerzos de democratización. Eventualmente, la tendencia a recurrir a la “corrupción excluyente”, conjuntamente con su deseo de mantenerse en el poder indefinidamente, convenció a la oposición política de que el desarrollo económico dentro del contexto del subdesarrollo político no era suficiente.
Mientras que la institución militar estuvo liderada por el general Torrijos, la exacción de recursos por medio de prácticas corruptas se mantuvo dentro de límites tolerables. Esto no significa que se daba en pequeña escala, pues ciertamente que no ocurría así. Después de la muerte de Torrijos en 1981, este patrón empezó a cambiar. Manuel Antonio Noriega llegó a comandante en jefe en 1983 y transformó la Guardia Nacional en Fuerzas de Defensa. Con esta maniobra, amplió de forma vasta sus funciones.
La capacidad del general Noriega para expandir tan rápidamente las funciones de las Fuerzas de Defensa obedeció principalmente al hecho de que una guardia nacional en América Latina es un tipo de organización de seguridad pública con escaso sentido de sus límites institucionales. Estados Unidos había establecido estas organizaciones en Panamá, Nicaragua, Haití y República Dominicana durante los períodos de ocupación militar a comienzos del siglo XX, parte ejército y parte fuerza de policía, con el propósito de llenar el vacío de seguridad que se produjese cuando EU retirase sus tropas. Tales organizaciones eran, en su origen, entidades híbridas multifuncionales sin un concepto histórico inherente de su papel, funciones y limitaciones naturales.
A causa de su proximidad y de su vasta comunidad bancaria, Panamá rápidamente se convirtió en país preferido para el lavado de las enormes ganancias generadas por el tráfico de cocaína. El general Noriega y sus colaboradores cercanos pudieron facilitar estas operaciones de lavado por medio del control que ejercían sobre aeropuertos, servicios de transporte blindado y el Banco Nacional.
La rápida expansión de las actividades ilícitas de las FDP durante los años de 1980 acrecentó los ingresos de la institución y de los miembros del cuerpo de oficiales, y les permitió mantener un considerable grado de autonomía no solo respecto a las clases sociales domésticas, sino de EU.
Sin embargo, ese crecimiento de los recursos económicos del régimen también minó su posición política. Antes de la muerte de Torrijos en 1981 y del ascenso de Noriega al poder, se había dado una alianza tácita entre el liderazgo militar y una parte importante de la comunidad de los comerciantes.
Aunque la élite comercial e industrial urbana que tradicionalmente había gobernado a Panamá había perdido el control político, el régimen le permitió obtener ganancias de contratos gubernamentales y le permitió mantener sus negocios intactos. Tal como dijo un líder político del PRD: “Los que pagaban más para financiar el sistema eran compañías extranjeras y comerciantes panameños que se beneficiaban y, por tanto, raramente se quejaban”. Esa cómoda relación entre el régimen y parte de la élite comercial e industrial urbana cambió a mediados de 1980 cuando Noriega comenzó a extender el alcance de las FDP. Se rodeó de una nueva clase de empresarios civiles y militares que gradualmente obligó a la élite comercial a aceptarlos como socios silenciosos. Igualmente importante fue el hecho de que el cuerpo de oficiales empezaba a desafiar el estatus social de la élite comercial. Dadas las crecientes tensiones económicas entre el régimen y la élite comercial e industrial urbana, no sorprende que algunos miembros de la élite encabezaran el movimiento para desalojar a Noriega del poder. En 1987, se formó la Cruzada Civilista con unos 100 grupos cívicos, la mayoría de orientación comercial.
El rápido aumento de los ingresos, generado por el tráfico de drogas, provocó también divisiones entre el cuerpo de oficiales. Así, el mismo proceso de expansión que había permitido prolongar la vida del régimen gracias al control de actividades ilícitas en el sector de servicios, eventualmente condujo a su caída. Los mecanismos concebidos para mantener el régimen en pie más allá de su “vida natural” resultaron inestables y contraproducentes a la larga. Esos mecanismos no solo minaron el apoyo del régimen por parte de la clase comerciante, sino que también lo socavaron dentro de la misma institución.
La explicación parcial del sostenimiento del régimen militar panameño antes de la invasión de EU en 1989 y del notable grado de autonomía que pudo mantener durante más de 20 años, radica en el incremento del poder y autonomía del Estado después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esa tendencia histórica no ayuda a explicar la extremadamente larga duración del régimen. Al argumentar que los factores mencionados en estos artículos fueron críticos en la sobrevivencia del régimen militar panameño, no quiero sugerir que otros factores mencionados por diversos observadores han sido irrelevantes en su momento. Algunas razones importantes del sostenimiento del régimen desde 1987 hasta 1989 incluyen: 1) Las divisiones dentro de la oposición doméstica; 2) el apoyo político de países como México, Cuba y Nicaragua y 3) los desacuerdos entre los que decidían sobre cómo deponer a Noriega. A pesar de ello, creo que el factor clave que explica el sostenimiento del régimen durante tan largo período fue su extraordinaria capacidad para obtener recursos lícitos e ilícitos del entorno internacional. Aunque el régimen militar fue derribado por la invasión de EU, había señales para entonces (1989) de que se encontraba en un estado terminal de descomposición. Aunque en los años de 1970, muchos miembros de la élite se beneficiaron de la floreciente economía inducida por los préstamos foráneos, la clase comercial empezó a romper lazos con el régimen militar cuando los oficiales se orientaron hacia la adopción de métodos y negociaciones para asociarse silenciosamente con ellos, a fin de dilatar su fortuna personal durante los años de 1980, además de asumir el control del monopolio de los contactos de negocios internacionales.
En el análisis final, una singular combinación de oportunidades económicas internacionales y de estructuras institucionales domésticas parece ser la mejor explicación del largo sostenimiento del régimen militar panameño.
FUENTES
Editor: Ricardo López Arias
Autor: Stephen Ropp, profesor emérito distinguido de la Universidad de Wyoming.
Fotografía: La Prensa. Colección RLA/AVSU
Comentarios: raíces@prensa.com