Durante los años de 1960 y 1970, América Latina fue testigo del surgimiento de un considerable número de regímenes autoritarios excluyentes como los de Argentina y Chile. Sin embargo, algunos incluyentes liderados por oficiales reformistas alcanzaron el poder en Perú y Panamá en 1968.
Para explicar los orígenes de la ola de autoritarismo que recorrió América Latina, ciertas teorías han examinado el fenómeno como si fuese el producto inevitable de la herencia ibérica con su énfasis en principios de organización corporativa.
Otras lo han visto como un nuevo fenómeno que refleja Estados más avanzados de modernización económica. Las condiciones que facilitaron a ciertos regímenes militares fijar su autonomía con respecto a las clases domésticas y al entorno internacional, junto con aquellas que más tarde socavaron esa autonomía, han sido discutidas prolijamente en la literatura. Lo que no se ha debatido extensamente es la relación entre la autonomía del régimen y su sostenimiento.
Panamá es un ejemplo de gobierno autoritario militar que logró mantenerse en el poder de 1968 a 1989. El caso es importante por diversas razones. Aunque ha sido caracterizado como personalista por algunos observadores, el régimen se las arregló para sobrevivir durante ocho años después de la muerte del general Torrijos.
Aún más, no está claro que se habría derrumbado en 1989 de no haber ocurrido la intervención militar de Estados Unidos (EU). La invasión en sí misma supuso una especie de admisión, tanto por la administración Bush como por la oposición doméstica, de que el régimen podría haber sobrevivido durante un período mucho más largo.
Aunque la economía de Panamá empezó a estancarse a mediados de la década de 1970 y la autonomía del régimen decreció algo con respecto a la élite civil y al sector laboral, la burocracia estatal continuó creciendo durante la mayor parte de la década siguiente. A pesar de los esfuerzos de la oposición civil durante los años de 1980 para mermar la autonomía de la institución militar por medio de un proceso gradual de democratización, ninguno tuvo éxito. ¿Cómo explicar el hecho de que el régimen militar panameño sobreviviera la ola democratizadora que recorrió Latinoamérica a finales de 1970 y principios de 1980? ¿Y cómo se explica el notable grado de autonomía que mantuvo el régimen, no solamente con respecto a las clases domésticas y burocráticas, sino también con respecto a su entorno internacional operativo? Desde 1987 hasta 1989, EU y sus aliados internacionales articularon una intensa campaña para deponer al general Noriega y desvincular a los militares de la política. La presión extrema de actores domésticos e internacionales no desencadenó resultados y la frustración consiguiente condujo a la invasión de EU.
Las teorías relativas al establecimiento y sostenimiento de la autonomía del régimen militar son de dos tipos básicamente. Aquellas que intentan explicarlos desde el punto de vista de las características internas de la sociedad y aquellas que destacan las características del entorno internacional. La teoría que sostiene que el acceso al capital foráneo puede apoyar el crecimiento estatal y aumentar la autonomía del régimen gana credibilidad en el caso de Panamá.
Por diversas razones, las entidades autónomas y el Gobierno central de Panamá fueron considerablemente subsidiadas por gobiernos extranjeros, bancos privados y agencias internacionales.
La confianza en el capital extranjero permitió a los líderes militares legitimarse y sostener el régimen por medio del suministro de servicios públicos al tiempo que evitaban los costos políticos asociados a las recaudaciones domésticas. Aunque las teorías relativas al establecimiento y sostenimiento de la autonomía del régimen se desempeñan adecuadamente para explicar el período que va de 1968 a principios de 1980, poco ayudan a explicar después la continua vitalidad del gobierno autoritario.
Aunque la existencia de un enorme sector de servicios y de relaciones económicas estables con el área del Canal blindaron parcialmente a Panamá de las dramáticas depresiones de otras partes de la región, las condiciones económicas de esas actividades eran tales que el colapso del régimen podría haberse anticipado a principios de 1980. Sin embargo, no ocurrió.
Al intentar explicar la capacidad de los militares de mantenerse en el poder mucho más allá de la expectativa de vida anticipada, introduciré algunas perspectivas adicionales que no pretenden sustituir otras teorías relativas al sostenimiento y autonomía del régimen, sino más bien se proponen refinar e incrementar su poder explicativo cuando se aplican a Panamá y a otros países con entornos internacionales y estructuras domésticas similares. Argumentaré que un factor importante fue la creciente habilidad después de 1968 de obtener directa e indirectamente recursos de Latinoamérica y del enorme sector de servicios. Más concretamente, una institución militar/policíaca corrupta, desprovista del sentido histórico de sus roles y funciones sociales legítimas, extendió su papel o función económica hasta el punto que le permitió monopolizar recursos generados de actividades ilícitas o cuasi ilícitas en ese sector. Ciertos recursos, como los millones de dólares obtenidos del lavado de dinero, permitieron a la institución militar mantener su propia independencia y parcialmente subsidiar la “burocracia popular” que le sirvió de base política dentro de la estructura del régimen.
Irónicamente, el control de la riqueza generada en el sector de servicios, eventualmente socavó el régimen que esos recursos habían ayudado a sostener. Dado el hecho de que históricamente la elite comercial había obtenido una porción sustancial de su propia riqueza del contrabando y del comercio ilícito, el crecimiento del control militar sobre esas actividades contrarió profundamente a la clase comerciante. En su desesperación, recurrió a EU para remover al general Noriega y restaurar el gobierno civil. Además, la creciente monopolización del enriquecimiento ilícito minó la propia cohesión institucional. Mientras que el general Torrijos procedía como árbitro que aseguraba que cada miembro del Estado Mayor recibiera su “parte equitativa” del botín, el general Noriega lo repartió entre sus colaboradores cercanos. Las ganancias generadas por el lavado de dinero del narcotráfico, que empezó a principios de 1980, fluyeron en forma desigual hacia diversos miembros del Estado Mayor, creando una nueva fuente de fricción que finalmente dividió el liderazgo militar. La participación en el comercio de la droga también deterioró el régimen militar al privarlo del apoyo de actores internacionales como EU.
Nota del editor: Este artículo y los dos que seguirán han sido preparados por el autor S. Ropp con parte de su ensayo ´Explaining the Long-Term Maintenance of a Military Regime: Panama Before US Invasion´. Se publican con autorización expresa de Cambridge University Press.
FUENTES
Editor: Ricardo López Arias
Autor: Stephen Ropp, profesor emérito distinguido de la Universidad de Wyoming
Fotografía: La Prensa. Colección RLA/AVSU
Comentarios: raíces@prensa.com