Es difícil para un historiador poner al descubierto la ilegalidad no documentada que caracterizó la actividad policial panameña al comienzo del siglo XX. No obstante, en Panamá mucha actividad quedó expuesta en las cartas y manuscritos inéditos de Albert Lamb, experto policía estadounidense impuesto a la República en 1917. Las observaciones de Lamb consultadas apuntan a una rutinaria actividad ilícita, que de otro modo permanecería excluida del registro histórico.
Por ejemplo, Lamb protestaba que el traficante de drogas Juan Grau fuera puesto en libertad sin imputación después de que ciertos oficiales hubiesen reemplazado la cocaína por sales de frutas. El sistema de justicia se descubrió ineficaz en el manejo de los imputados.
En 1922, menos del 40% de arrestados por cocaína, opio o juego encararon al juez. Los funcionarios y jueces “no solo incumplían los deberes de castigar a ladrones, vendedores de cocaína y opio o a infractores de la legislación de licores... sino que usaban los cargos públicos para protegerlos”, concluía Lamb.
Muchos observadores pensarían que los registros de Lamb indicaban que los criminales habían enganchado a funcionarios panameños. No obstante, tal perspectiva ignoraría los diferentes intereses que caracterizaron la desigual relación entre Panamá y Estados Unidos (EU). De un lado, los funcionarios norteamericanos procuraban establecer un entorno regulado en el que pudiesen tutelar bienes y personas e imponer leyes a la República proscribiendo el juego, el opio y la cocaína. Los panameños, por su parte, esperaban generar tanta actividad económica de la ruta de tránsito como fuera posible. Ese objetivo requirió un enfoque más informal de los servicios de policía. Los funcionarios panameños no ocultaban el hecho de que desaprobaban la imposición de muchas leyes estadounidenses. El ministro de Relaciones Exteriores, Narciso Garay, por ejemplo, indicaba que los “principios prohibicionistas originados en los países anglosajones” no eran compatibles con la “psicología nacional” ni con las ideas de “moralidad social” locales. Por consiguiente, las prácticas policiales “corruptas” podían también considerarse adaptaciones imaginativas y pragmáticas que permitían eludir regulaciones extranjeras perjudiciales.
El intento de Lamb en 1924 de investigar a una “empresa de cocaína” en Colón puso en afilado relieve la actividad ilícita. “Varios honorables panameños cristianos” enviaron a Lamb una carta, alegando que el gobernador de Colón, Juan Demóstenes Arosemena, y el alcalde Grimaldo dirigían una lucrativa actividad de drogas. Con excepción del capitán Carmelo Conte, advertía la carta, no se debía confiar en ningún oficial de policía de Colón. Lamb inició una investigación, pero enseguida tropezó con fuerte resistencia.
El gobernador Arosemena clamaba al presidente Porras que las motivaciones políticas de Conte habían convertido la investigación en una “inquisición”. Porras, seguramente advirtiendo que su cooperación era políticamente ventajosa, permitió que la investigación continuara hasta que discretamente la suspendió. Lamb citó un “bien fundado rumor” como razón. El cuñado del gobernador Arosemena llamó a Porras y amenazó con establecer un periódico de oposición. El poderío del “negocio de la cocaína” resultó demasiado para el Presidente. Sin embargo, parece que Porras fue más hábil que Lamb en el juego que los funcionarios juegan inevitablemente en Estados clientes: mantener la ilusión de una cooperación colonial mientras favorecen sus intereses.
La naturaleza clandestina de la rutinaria actividad estatal inevitablemente dejó a los funcionarios expuestos a ataques motivados políticamente. Un escándalo de opio en 1921 proporciona un ejemplo de acusaciones de corrupción. Las raíces del escándalo se iniciaron cuando el jefe de la oficina de detectives de Panamá, capitán David Solís, fue suspendido. Solís comenzó inmediatamente a maniobrar para recuperar el puesto. Lo que en un primer momento pareció una redada de policía arbitraria a un local de tráfico de opio era, en realidad, un golpe orquestado por Solís para retomar el mando de su sucesor, Aurelio Bermúdez. Con el apoyo del Presidente, Solís arrestó al sorprendido propietario del local, Lang Fong, y luego desveló los archivos del club que Fong mantenía. Los libros de contabilidad de Fong, así como su testimonio manchaban a muchos funcionarios de elevado rango, incluyendo a Solís. Sin embargo, ni Solís ni otros funcionarios de alto rango fueron imputados.
Aurelio Bermúdez y muchos de sus detectives no corrieron igual suerte. Diez meses después de la redada, Bermúdez escapó de la cárcel y abandonó el país. Los otros esperarían cuatro años antes de que se resolvieran sus casos. Para entonces todo clamor público había cesado. Parecía que la redada nunca había sido una cuestión de aplicar las leyes, sino más bien un dispositivo de control de las prácticas policiales y los recursos que tal control proporcionaba.
El cocaine trust y la redada del opio nutrieron dos acusaciones de corrupción. Cada una tuvo menos que ver con denuncias legítimas que con la manipulación del entorno anticolonial e intereses ilícitos locales. Solís usó las acusaciones de corrupción eficazmente y fue respaldado por el Presidente de la República. El desafortunado Conte buscó el apoyo de Lamb. Las acusaciones se congelaron.
Las dificultades que enfrentó Lamb en la persecución del cocaine trust ilustran el éxito de los depositarios del poder para minimizar ciertas imposiciones extranjeras. De hecho, todos los registros de Lamb lo presentan como un funcionario fácilmente manejado por la élite local.
Sin embargo, los señores del poder en Panamá no pudieron librarse del impacto del poder de EU. Efectivamente, como he sostenido en estos cuatro artículos, el Estado panameño se desarrolló dentro del contorno de la dominación imperialista de EU. La excesiva regulación de la Zona del Canal apremió a los trabajadores y soldados emplazados en la República a practicar en la zona limítrofe actividades de entretenimiento. La ausencia de otras oportunidades económicas, vis a vis la ruta de tránsito ocupada por EU, obligó a comerciantes y funcionarios locales a fomentar movimientos estratégicos en las zonas limítrofes, a fin de explotar la demanda de licor, sexo, juego y drogas creada por el Canal.
El hecho de que las escenas de jolgorio anegadas de alcohol propiciaran violencia y hostilidad entre panameños y norteamericanos, poco ayudó a impedir que traficantes y funcionarios mantuviesen relaciones de trabajo no escritas. De ese modo, continuaron sufragando necesidades que se daban fuera del ámbito de los intereses de EU y de las leyes panameñas. Fue así que la actividad ilegal se entretejió al inicio de la formación del Estado panameño.
FUENTES
Editor: Ricardo López Arias
Autor: Matthew Scalena, profesor de historia. Universidad Simon Fraser, Vancouver. Canadá.
Fotografía: Comisión del Canal. Carlos Endara. Colección RLA/AVSU.
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