El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, levantó hoy un veto que existía desde 2012 a una reforma procesal laboral, la cual calificó como "histórica", pues contribuye a "la paz social" y la seguridad jurídica del país.
"Hoy después de siete décadas desde la promulgación del Código de Trabajo que cambió el curso de las relaciones obrero patronales nos aprestamos a vivir otro momento histórico. Nos proponemos a ponernos al día (con la legislación laboral) con el levantamiento del veto impuesto a la ley", dijo Solís en conferencia de prensa.
La ley fue aprobada de forma unánime en el Congreso en 2012, pero unas semanas después fue vetada por la entonces presidenta Laura Chinchilla, quien consideró que legaliza las huelgas en servicios esenciales como puertos, hospitales y seguridad, entre otros.
Los sectores empresariales y varios partidos de oposición están en contra de la ley por el tema de las huelgas, y habían exigido al presidente no levantar el veto.
Solís dijo que la ley tiene un aspecto que "no le satisface", relacionado a la posibilidad de que se realicen huelgas en los servicios esenciales, pero afirmó que emitirá un decreto en los próximos días para prohibirlas.
El mandatario aseguró que la ley tiene "grandes contribuciones" como el establecimiento de juicios laborales orales, asistencia legal gratuita para los trabajadores y herramientas contra "despidos abusivos".
"La reforma contribuye a la paz social, pues a partir de mayo de 2016, cuando entre en vigor, se podrán descongestionar los estrados judiciales con la introducción de la oralidad en el proceso y mecanismos de conciliación", expresó.
La ley entrará en vigor en mayo de 2016 y, según el mandatario, los diputados tienen tiempo para realizarle cambios, aclaraciones o precisiones a la legislación por medio de otra reforma o vía reglamento.
Solís aseguró que esta reforma es "una de las grandes transformaciones en la vida del país", "revitaliza las garantías sociales" y que brindará "seguridad jurídica".
Sobre las huelgas, Solís afirmó que la legislación garantiza la prestación de los servicios y que no pueden durar más de 30 días, aunque se mostró disconforme con que se habiliten en servicios esenciales.