El cese de las hostilidades contra el libre ejercicio del periodismo en Panamá como consecuencia del cambio de gobierno, fue destacado esta mañana durante la 70° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en la ciudad de Santiago de Chile.
"Hay señales evidentes de mejoras en el ambiente panameño para el ejercicio del periodismo, luego de cinco años de recibir ataques y acosos", indica el documento.
El informe fue presentado hoy por la directora del diario La Prensa, Lourdes de Obaldía, en representación de Eduardo Quirós, Vicepresidente Regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Las hostilidades contra medios de comunicación e instituciones como la Iglesia Católica y la Comisión de Justicia y Paz durante la pasada campaña electoral, también fueron mencionadas durante la reunión.
"De igual modo, se agravó (durante la campaña electoral) la parcialización en la distribución y discrecionalidad de la pauta publicitaria gubernamental, violándose prohibiciones del Código Electoral", añade el texto.
A continuación el texto completo del informe:
Informe de Panamá
70° Asamblea General de la SIP. Santiago, Chile, 17 – 21 de octubre de 2014
En el periodo que cubre este informe se dieron en Panamá las elecciones generales de las que surgió un nuevo gobierno y se cumplió el proceso de transición administrativa. Cumplidos los cien primeros días de ese cambio, puede decirse que ha cesado la hostilidad contra el libre ejercicio del periodismo, reportada en informes anteriores.
Como experiencia a registrar, durante el mencionado proceso electoral se incrementaron las campañas sucias, denunciadas por instancias como la Iglesia Católica y la Comisión de Justicia y Paz.
De igual modo, se agravó la parcialización en la distribución y discrecionalidad de la pauta publicitaria gubernamental, violándose prohibiciones del Código Electoral.
Por fortuna y como signo de recuperación institucional, en la actualidad se instruyen varios procesos ante el Tribunal Electoral por dichos abusos.
Destacamos que el pasado 25 de julio, durante las sesiones del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces presentó, ante ese organismo un proyecto de Ley Marco de las Comunicaciones. Al tener conocimiento de esto, en pocas horas los medios independientes y los gremios periodísticos logramos cortesía de sala para exponer nuestro criterio, contrario a esa iniciativa, e instando al retiro de ese proyecto.
Desde salida encontramos un desenfoque absoluto en su motivación puesto que señala que “Los medios de información… han impedido que se forje una sociedad participativa”.
Le dijimos a los impulsores de ese proyecto que los medios de información siempre han sido y serán los primeros aliados de los ciudadanos en la construcción de una sociedad participativa, donde la libertad de prensa y de expresión constituyen pilares fundamentales de la vida en democracia. Expresamos en esa oportunidad: “ Nos preocupa que la propuesta imponga obligaciones relacionadas con la forma como deben presentarse los contenidos en los medios de comunicación, así como la creación de un Órgano Supervisor que le da al Estado los mecanismos de control para “monitorear, advertir y promover” los contenidos de los medios de comunicación.
La SIP emitió un pronunciamiento muy oportuno y contundente, al igual diversas agrupaciones panameñas. Solicitamos permanecer atentos sobre el futuro que pueda tener esta iniciativa, a todas luces perjudicial para la libertad de prensa en las Américas.
Por otra parte, luego de 2 años de presentada una denuncia contra el exsecretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, por impedir al Secretario General del Sindicato de Periodistas filmar, con su teléfono celular, un incidente cuando se impedía el libre ejercicio del periodismo a dos colaboradores del canal de televisión TVN, la Fiscalía Quinta de Circuito, luego de indagar al funcionario, le formuló cargos por lesiones personales. El proceso continua.
Es preocupante que sigan pendientes las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación por la denuncia que presentara el Fiscal Electoral, figura estrechamente vinculada al gobierno anterior, contra los diarios La Prensa y Mi Diario, debido a que denunciaron la ineficiencia de su labor constitucional y legal de velar por un proceso electoral legítimo.
Así, también, el caso del bloqueo a las instalaciones del diario La Prensa, por parte de la compañía de un empresario allegado al expresidente de la república. Siendo el medio el agredido, los agresores demandaron al diario por un total de 13 millones de dólares; caso este que en su momento también se presentó ante la SIP.
En lo positivo, hay señales evidentes de mejoras en el ambiente panameño para el ejercicio del periodismo, luego de cinco años de recibir ataques y acosos.
Aun así, en septiembre pasado, luego de denuncias por parte de medios de comunicación sobre casos de nepotismo en el nuevo gobierno - y de un intercambio en redes sociales con un periodista del canal Telemetro la primera dama de la República, Lorena Castillo de Varela, instó a los gremios de periodistas a tomar “medidas” contra aquellos medios de comunicación que “no dicen la verdad”. Cabe señalar que varios de los casos denunciados llevaron a la renuncia de funcionarios.
Tras una investigación periodística, en estos momentos la Asamblea Nacional de diputados ejerce el rol que le asigna la Constitución de la República y se prepara para enjuiciar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia acusado de enriquecimiento injustificado, lo que supuestamente le habría permitido adquirir inmuebles por montos desproporcionados e inexplicables con relación al salario que devenga en esa corporación.
Otra demostración de los cambios que se ven es la disposición de la Corte Suprema de Justicia a dar curso a las solicitudes de hábeas datas presentadas ante dicha instancia, algo no visto durante el gobierno anterior.
Por supuesto, sabemos que estos vientos de revitalización democrática son impulsados por una sociedad civil cada vez más consciente de su rol transformador en la dinámica nacional y la cual exige de las nuevas autoridades el cumplimiento de sus propuestas electorales.
En ese sentido, desde los medios independientes cumpliremos nuestra responsabilidad de dar seguimiento, crítico y constructivo, al proceder del nuevo gobierno, de manera muy especial en lo que guarda relación con la vigencia de las libertades de expresión e información, sin las cuales todas las demás garantías fundamentales están desprotegidas.