Para comprender, desde la perspectiva de la nación panameña, la conjura multinacional que culminó con el nacimiento de la República de Panamá en 1903 es preciso eslabonarla con dos acontecimientos acaecidos en la víspera de nuestra separación de Colombia. Me refiero a la Guerra de los mil días (1899-1902) y al rechazo del tratado Herran-Hay por el senado colombiano (1903).
Importa recordar que hasta el año 1885, gracias a la Constitución de Río Negro, Panamá había disfrutado, durante 30 años, de un régimen federalista que, en muchos aspectos, les otorgó a los estados federados los atributos propios de la soberanía. La Constitución colombiana de 1886 clausuró la etapa federalista y la reemplazó con un gobierno unitario, centralista, autocrático y confesional, dominado por el más intransigente conservadurismo.
Semejante cambio resultó particularmente inhóspito para lo que entonces vino a denominarse el Departamento de Panamá, no solo porque anuló el desiderátum istmeño de autogobierno y le impuso al departamento más liberal de Colombia un régimen ultraconservador, sino porque se sometió al Istmo a una administración de excepción, que lo hacia depender de la autoridad directa del gobierno central instalado en Bogotá y de las leyes especiales que para tal efecto se dictasen. En 1899, acosado y acorralado por el gobierno conservador y por la Iglesia católica, que condenaba por heréticos o moralmente reprochables los principales dogmas del credo liberal (soberanía popular, separación del Estado y la iglesia, libertad de cultos, instrucción pública laica, matrimonio y divorcio civil) y que predicaba que los católicos no podían votar por las liberales sin ofender a Dios, el liberalismo colombiano, tal vez impróvidamente, se alzó en armas, dando así inicio a la referida Guerra de los mil días. Hasta ese momento, los panameños habían procurado mantenerse al margen de las guerras civiles colombianas, cuyas causas las sentían, con razón, como algo ajeno a sus intereses colectivos. Ello nada tiene de extraño, pues, como lo ha señalado Alfonso López Michelsen, tales conflictos “solo excepcionalmente revestían carácter distinto al de rivalidades personalistas entre caudillos que fácilmente hacían el transito de un campamento a otro”.
En esta ocasión, sin embargo, las cosas serían distintas. Las causas que motivaron la rebelión liberal de 1899 fueron asumidas como propias por el liberalismo panameño, que no vaciló en traer la guerra al Istmo, lanzándose a la aventura bélica en alianza con los alzados en Colombia. Caía así una de las ideas-fuerza que habían contribuido a determinar y a moldear la personalidad ideológica y el talante idiosincrático de la nación panameña, a saber: la de mantener al Istmo alejado y, en consecuencia, indemne de los estragos de las luchas fratricidas colombianas. Como a la postre el desenlace del episodio bélico fue favorable al gobierno conservador, Colombia y, por ende, el Departamento de Panamá, siguieron sometidos al mismo régimen represivo y excluyente cuyos desmanes habían provocado la guerra.
En Panamá las repercusiones de los combates fueron devastadoras. El costo en vidas humanas fue altísimo. Como señaló Humberto Ricord, en ese conflicto “la flor de la juventud liberal panameña se inmoló por una causa ideológica”.
La crisis económica, que desde años antes se había abatido sobre el Istmo a raíz de la suspensión de las obras del canal francés, se profundizó, alcanzando dimensiones pavorosas. Fue en esas difíciles circunstancias cuando el Senado colombiano, controlado por el Partido Conservador, rechazó el tratado Herran-Hay, lo que pareció condenar a muerte la añeja aspiración panameña de ver al Istmo convertido en asiento del canal interoceánico.
Estoy convencido de que, al llegar en tan deplorables circunstancias a la encrucijada que nos condujo a la separación de Colombia, a la gran mayoría de los panameños de la época tiene que habérseles hecho evidente que el preservar entonces los vínculos políticos, nunca muy fuertes, que nos ataban a Colombia, implicaba, ineluctablemente, el sacrificio de todas las querencias esenciales que caracterizaban el modo de ser y de pensar del panameño. En efecto, nos habríamos quedado sin independencia, sin autonomía, sin democracia, sin canal y sin paz, salvo la impuesta por la represión gubernamental, que no había tardado en acentuarse al terminar la guerra. En resumen, en esa hora definitoria, la nación panameña se enfrentó a una disyuntiva que la obligaba a escoger entre dos opciones, que no tenían término medio. Esas opciones, reducidas a su mínima expresión, sin hipérboles y sin mistificaciones, eran las siguientes: 1- O independencia y construcción del canal norteamericano en tierra panameña, con el peligro latente de la ulterior dominación yanqui. 2- O preservación de los vínculos políticos con Colombia, sin independencia, sin canal y, por tanto, sin la ilusión de salir del estado de postración económica en que el país se encontraba inmerso. Nadie que conozca la historia del Panamá colombiano puede sorprenderse de que hayamos optado por la separación.
El desdeñar en tales circunstancias la posibilidad de acceder a la independencia, con paz y con canal, habría sido una conducta antihistórica imposible de explicar. En este orden de casos, vienen muy a cuento las palabras de Ricaurte Soler, quien nos dejó bien explicado cómo y por qué fueron madurando nuestra conciencia nacional, fruto del liberalismo decimonónico, y la consecuente aspiración de constituirnos en Estado.
Esta aspiración, señala Soler, se manifestó claramente en el autonomismo, el federalismo y el independentismo panameños del siglo XIX y contó, al materializarse en 1903, no solo con el apoyo de la clase burguesa, cuyas vertientes conservadora y liberal fueron las promotoras del movimiento, sino también con el de las capas medias y con el de los grupos populares del arrabal de la ciudad capital. Para mí es claro que la historia del Istmo ofrece al investigador abundantes pruebas de la legitimidad de nuestra secesión de Colombia, sin que la intervención norteamericana en el hecho separatista merme o menoscabe nuestro derecho de constituirnos en Estado.
Ello es que de lo que se trata, en el fondo, no es de enjuiciar la moralidad de cuantas motivaciones e intereses, públicos y privados, incidieron en la creación de la coyuntura secesionista, sino de determinar si la nación panameña hizo bien o no en valerse de tal coyuntura, acaso irrepetible, para separarse de Colombia. Esta es la cuestión clave. Lo demás es accesorio.
FUENTES
Editor: Ricardo López Arias
Autor: Mario Galindo H.. jurista y ensayista.
Fotografía: Colección RLA /AVSU
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