Anthony Zurcher - Corresponsal BBC News en EE.UU.
La Corte Suprema otorgó este viernes una victoria significativa a Donald Trump y a futuros presidentes estadounidenses, al limitar la facultad de los tribunales inferiores para bloquear órdenes ejecutivas.
El presidente Trump, radiante, se dirigió a la prensa en el podio de la sala de prensa de la Casa Blanca, calificando la decisión de “importante y sorprendente” y asegurando que el gobierno está “muy satisfecho”.
Afirmó que se trata de una “victoria monumental para la Constitución, la separación de poderes y el Estado de derecho”.
La decisión de la corte no solo afecta la orden ejecutiva de Trump relativa a ciudadanía por nacimiento, sino que también lo anima a promulgar muchas de sus otras medidas políticas, que se han visto temporalmente frustradas por órdenes judiciales similares.
Impacto en la ciudadanía por nacimiento
La Corte Suprema ha abierto la puerta para que la administración Trump deje de otorgar la ciudadanía automática a todas las personas nacidas en suelo estadounidense, al menos por el momento. Ahora la Casa Blanca tendrá que implementar su plan, lo cual no será tarea fácil.
El viernes, el máximo tribunal del país permitió que la orden ejecutiva de Trump que elimina la ciudadanía por nacimiento entrara en vigor dentro de un mes, dejando margen para que tribunales inferiores limiten el impacto en quienes tienen legitimidad para demandar.
Tradicionalmente, los estados se encargan de procesar los certificados de nacimiento, y muchos no registran la ciudadanía de los padres. Los gobiernos estatales demócratas no tendrán prisa en hacerlo, independientemente de los deseos de la administración Trump.
Y la jueza Amy Coney Barrett, en representación de la mayoría de los magistrados, dejó la puerta abierta para que los estados argumenten que es necesario un bloqueo más amplio a la acción de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.
Esto genera importantes batallas legales.
“Desde la perspectiva de los estados, sus perjuicios —perjuicios financieros y las cargas administrativas derivadas de los programas de prestaciones para ciudadanos dependientes— no pueden remediarse sin una prohibición general de la aplicación de la Orden Ejecutiva”, escribió Barrett.
“Los tribunales inferiores deberían determinar si procede una orden judicial más restrictiva, por lo que dejamos en sus manos la consideración de estos y cualquier argumento relacionado”.
El presidente Trump calificó la decisión del tribunal del viernes como una “gran victoria”.
Añadió que el “engaño de la ciudadanía por derecho de nacimiento” ha sido “indirectamente afectado” y que la decisión evitaría “estafas en nuestro proceso de inmigración”.
La fiscal general de Trump, Pam Bondi, declaró el viernes que la Corte Suprema decidirá si Estados Unidos eliminará la ciudadanía por derecho de nacimiento en octubre, durante su próxima sesión.
Ampliación del poder presidencial
La decisión del tribunal de limitar la facultad de los jueces federales de primera instancia a emitir órdenes judiciales a nivel nacional tendrá consecuencias inmediatas y de amplio alcance.
Tanto presidentes demócratas como republicanos han criticado con frecuencia a los que consideran juristas ideológicos de los tribunales federales de distrito, quienes han logrado bloquear por sí solos acciones ejecutivas e incluso leyes aprobadas por el Congreso.
Si bien la eliminación de la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense es el eje central de este caso de alto perfil, existen otras medidas adoptadas por Trump en los últimos meses que también han sido obstaculizadas por jueces de menor rango.
Desde la toma de posesión de Trump hasta el 29 de abril, el Servicio de Investigación del Congreso contabiliza 25 casos de este tipo.
Tras la decisión del tribunal del viernes, Trump declaró a la prensa: “Ahora podemos presentar debidamente la solicitud para proceder con políticas que han sido prohibidas indebidamente”.
Los tribunales inferiores han bloqueado los recortes del presidente a la ayuda exterior, a los programas de diversidad y en otras agencias gubernamentales; han limitado su capacidad para despedir a empleados públicos, han suspendido medidas migratorias y los cambios emitidos por la Casa Blanca para los procesos electorales.
Con la decisión de la Corte Suprema en este caso, el gobierno se encuentra en una posición mucho más sólida para solicitar a los tribunales que le permitan impulsar muchas de estas iniciativas.
Durante la presidencia de Biden, los jueces conservadores impidieron que los demócratas promulgaran nuevas regulaciones ambientales, ofrecieran condonaciones de préstamos estudiantiles y modificaran las normas de inmigración.
Los tribunales también bloquearon cambios en la normalización del estatus migratorio de algunos inmigrantes indocumentados durante la presidencia de Barack Obama, e impidieron que más empleados administrativos tuvieran derecho al pago de horas extras.
En todos estos tipos de casos, los tribunales podrán intervenir y detener las acciones presidenciales que consideren ilegales o inconstitucionales.
En su dictamen, la Corte Suprema declaró: “Los tribunales inferiores actuarán con celeridad para garantizar que, con respecto a cada demandante, las medidas cautelares se ajusten a esta norma y, en general, a los principios de equidad”.
Pero esto se resolverá más adelante en el proceso judicial, en la instancia de apelación y en la Corte Suprema.
Mientras tanto, los presidentes —Donald Trump y sus sucesores, ya sean republicanos o demócratas— tendrán más tiempo y margen de maniobra para actuar.
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