Razones por las que necesitamos una constituyente

Las horas transcurren con rapidez para llevarnos al día 5 de mayo. El nuevo presidente o presidenta tendrá en sus manos 60 meses de planillas estatales, un lustro de presupuestos y endeudamiento que superará los 125 mil millones de dólares, controlará a las cada vez más compactas fuerzas de seguridad pública, y dejará su huella en la junta directiva del Canal de Panamá, en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Electoral, en las embajadas y organismos internacionales y, por supuesto, en el valor y la fuerza del Estado de derecho.



Panamá no necesita a un déspota ilustrado ni un ogro filantrópico que cargue con todos nuestros problemas y resuelva solito todos los asuntos de la nación.



Este país carece de instituciones y de una cultura democrática que ayude a moldear un presente y un futuro sostenible.



Mi criterio más relevante de selección para los candidatos a los que dedicaré un ganchito en una papeleta es básicamente si apoyan al llamado y a la realización de una asamblea constituyente.



Panamá es un país que vive con una gran ficción jurídica, que es la que sostiene que somos un Estado constitucional de derecho.



Hace ya mucho rato la Constitución de 1983, oficialmente conocida como Constitución Política de la República de Panamá de 1972, modificada y emparchada en 1978, requete emparchada en 1983, y reformada en 1994 y en 2004, no aguanta más.



Hay quienes consideran que convocar a una asamblea constituyente paralizaría la economía o incluso provocaría una recesión.



Esta es la misma gente que quiere que se haga borrón y cuenta nueva con los casos de corrupción de alto perfil, ya que estos procesos han involucrado a banqueros, empresarios, abogados, constructores y otros talentos sin los cuales nuestra economía no podría funcionar bien.



Me imagino que también estarían opuestos a que Panamá le cierre la puerta al lavado de dinero y a la evasión fiscal, porque esto también dañaría a la economía.



Una asamblea constituyente es necesaria porque la misma Asamblea Nacional, que emplanilla a personas muertas, mantiene centenares de botellas, o inventa donaciones fantasmas, no es el ente más legítimo para hacer una reforma constitucional integral.



Esto descarta las reformitas tipo "curitas" para ser aprobadas por dos asambleas, ya que los aspectos más fundamentales que necesitan ser enfrentados para resolver las plagas de la corrupción, la inequidad, el neoextractivismo y el clientelismo estatal requieren otro tratamiento.



A su vez, la Constitución actual tiene enormes vacíos y lagunas en materia de derechos humanos, justicia, representatividad electoral, descentralización, cambio climático, relaciones internacionales, administración del Canal de Panamá, seguridad social y educación. Hay grandes temas que son urgentísimos y que no pueden posponerse para otra generación.



La asamblea constituyente no es una panacea. La pobreza y las enfermedades no se acabarán inmediatamente con la nueva Constitución. Tampoco Panamá se convertirá en un país de alto desarrollo humano automáticamente.



Lo que se va a lograr con la participación activa de todos los ciudadanos es crear una nueva Constitución que corresponda a nuestras realidades, nuestros desafíos y nuestras aspiraciones.



Esa Constitución debe concretar la arquitectura de un Estado de derecho sólido, y debe cimentar la cohesión social para que tengamos una democracia viva, no de papel, cada cinco años.