La inteligencia artificial, la robótica y las reformas constitucionales

La inteligencia artificial, la robótica y las reformas constitucionales
Estamos muy cerca de que se empiecen a usar robots para todas las tareas necesarias para el funciona

Las leyes usualmente reaccionan tardíamente frente a las realidades o amenazas inminentes. Rara vez, los ordenamientos jurídicos se preparan para enfrentar los cambios tecnológicos. Existen posiciones divididas dentro de la teoría política occidental, sobre el tema de cómo regular la tecnología. Un bando, idolatra la tecnología y consecuentemente propone eliminar cualquier legislación que la regule, mientras que otros más cautelosos, han propuesto que la ética rija a la tecnología.

El 23 de diciembre de 1940, se le atribuye al científico y novelista Isaac Asimov el inventar las tres leyes de la robótica. Asimov aspiraba a que se codificara en todos los robots estas reglas que lo obligaban siempre a proteger la vida humana por encima de la suya propia. Esta futurista propuesta se desarrolló en numerosas novelas y películas de ciencia ficción que tomaron partido a favor y en contra de las leyes de la robótica.

El momento de Asimov parece haber llegado. La inteligencia artificial y la robótica son herramientas del mundo de la tecnología que están adquiriendo numerosas aplicaciones en la vida cotidiana. En Japón, existen robots que acompañan a los adultos mayores. En Dinamarca, drones controlados remotamente reparten el correo en regiones lejanas. Casi todas las grandes empresas automovilísticas llevan adelante proyectos de automóviles que funcionan de forma autónoma. En materia militar, los desarrollos son abrumadores. Estamos muy cerca de que se empiecen a usar robots soldados para las guerras. ¿Cuántos años faltan para que un robot realice funciones de policía, bombero, médico o maestro? En Panamá, hay robots que operan a pacientes muy delicados, mientras otros despachan medicamentos o realizan tareas complejas de mantenimiento de barcos, bajo el agua.

En Panamá ya hay robots que operan a pacientes muy delicados y otros despachan medicamentos o realizan tareas complejas de mantenimiento de barcos.



De lo que se trata no es de proteger puestos de trabajo o estilos de vida contra el cambio tecnológico, si no de proteger a la vida misma y a la libertad contra los abusos de la tecnología. Imaginemos, que en un no muy lejano año, el Hospital Santo Tomás o la Caja de Seguro Social, tengan robots haciendo operaciones, siguiendo los protocolos que la “Big Data” considere que según su algoritmo se deban aplicar, y este robot concluya que el paciente no tiene oportunidad de sobrevivir al tratamiento, y decida optar por dejar que el paciente muera o facilitarle su muerte.

Otro caso sería que un autómata policíaco que tiene un programa de reconocimiento facial identificara a un peligroso criminal evadido de la justicia. El autómata, siguiendo su análisis lógico, decide que es más fácil matar al criminal que llevarlo a la justicia. Igual que dice “criminal”, puede poner otra categoría de objetivo o de presa de caza: sindicalista, homosexual, discapacitado, cualquier minoría étnica, o incluso alguna categoría que no nos es posible imaginar. Las máquinas suelen recoger los malos hábitos de sus diseñadores. Estos hábitos incluyen el racismo, la xenofobia, la misoginia y otros más.

Todo parece ficción, y hasta una exageración considerar que es necesario legislar para que una máquina con un programa limitado por los prejuicios y la experiencia ajena, decida sobre la vida o muerte de seres humanos. Quizás sea utópico, o peor aún, un ejercicio de imaginación fútil, pero yo creo que Panamá puede enviarle un mensaje al mundo, de que repensemos las tecnologías que se están desarrollando y la aplicación que tienen. Encontré un artículo en la Constitución Política que pudiera ser clave para este asunto:

“articulo No. 30. No hay pena de muerte, de expatriación, ni de confiscación de bienes”.

Eso es lo que dice nuestra Constitución actualmente. Propongo que se le adicione algo así:

Está prohibido en el territorio de la República de Panamá que autómatas o ingenios biológicos, electrónicos o mecánicos puedan agredir a una persona sin la supervisión y control directo e inmediato de un servidor público. Este servidor público será responsable legal de todas las acciones u omisiones realizadas. En materia de salud, cualquier decisión que afecte la calidad de vida, o la supervivencia de una persona bajo tratamiento médico de la naturaleza que sea, será tomada única y exclusivamente por profesionales de la salud. Dicha capacidad de decisión no puede ser cedida a dispositivo tecnológico o sistema de información que no esté controlado directamente de forma activa y concomitante por un ser humano. La ley sancionará los casos en que se viole alguna de estas prohibiciones.

El concepto de control activo y concomitante se refiere a la capacidad de cambiar el comportamiento del equipo tecnológico a voluntad del operador, no solo desconectando la máquina o presionando el botón de “reset”. Quizás Panamá no sea el mejor ejemplo de esta regulación, pero tal vez en Corea del Sur, Finlandia, Israel o California alguien la tome en cuenta para cambiar la historia humana.

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