En medio de la crisis de la gran depresión, el Presidente Harmodio Arias creó el primer fondo de jubilación del país.
Estaba destinado a pagar las jubilaciones de los servidores públicos que tuvieran 60 años o más, y cuya experiencia laboral con el Estado fuera de al menos 20 años.
La Ley 7 de 1935 deducía el 2.5% del salario de todos los servidores públicos, y obligaba a que el tesoro nacional aportara 7 mil dólares mensuales, para fondear las pensiones.
El abuso de las jubilaciones causó que el comisionado encargado de estos pagos, le informara al presidente Arias Madrid, que se había agotado el dinero, y no se podían cubrir todas las pensiones.
En 1941 el hermano de Harmodio Arias Madrid, Arnulfo, consiguió establecer una institución con el propósito de gestionar el bienestar social de los trabajadores panameños, esa es la Caja de Seguro Social.
Diversos analistas y expertos ya han explicado cómo la transformación demográfica del país es el principal factor que afecta a la capacidad de la CSS de pagar las pensiones.
En los años 40 había una relación de 60 cotizantes por cada pensionado, la que bajó a 9 cotizantes por pensionado en el gobierno de Guillermo Endara, y que en la actualidad casi iguala a los cotizantes y a los pensionados.
Es posible que con los resultados económicos de la pandemia la relación de cotizantes a pensionados para el subprograma de beneficio definido (mayores de 49 años que no se hayan jubilado) se convierta en una pirámide invertida.
Los registros históricos de Panamá nos dan cuenta de cómo los mandatarios, desde Enrique Jiménez, hasta Juan Carlos Varela, recurrieron a los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte para subsidiar las actividades del gobierno central. Es más, sin el respaldo de la CSS, el estado financiero del gobierno panameño sería deplorable.
Cada vez que el Estado presenta sus números a las calificadoras de riesgo, o a las instituciones financieras internacionales, incluye como ingresos del sector público, a los fondos de la CSS.
Esto se llama el balance fiscal, y gracias a este truco de la contabilidad pública, Panamá tiene la calificación que lleva con mucha honra, y el Estado puede pedir mucho dinero prestado para pagar el dinero prestado que se adeuda. Este “error” se ha convertido en parte esencial de la tragedia.
Esta institución no le pertenece al Estado, si se quiere ver de otra forma, la CSS debería ser la empresa privada más grande del país. Sus dueños somos los cotizantes, pensionados y beneficiarios.
En la práctica la CSS cumple funciones esenciales para la operatividad del Estado: recauda gratis el impuesto sobre la renta de los asalariados y se lo entrega a la Dirección General de Ingresos.
La CSS no gana nada por este servicio. Tampoco cobra multas o intereses por los pagos tardíos de un patrono en especial, el gobierno. Las instituciones del gobierno central y de los municipios están entre los peores patronos en términos de puntualidad del pago de sus obligaciones, que rondan más de 77 millones de dólares al mes.
Esto no solo perjudica las finanzas de la institución, si no que la CSS debe igualmente honrar las prestaciones a los servidores público, aunque el Estado esté en mora.
Una gran parte de los fondos de la CSS, están en el Banco Nacional de Panamá ganando intereses insignificantes. Las pocas inversiones que la CSS ha podido hacer en tiempos recientes, han sido en entidades como el Aeropuerto Internacional de Tocumen y sus bonos.
La CSS tiene muy limitado el prestarle directamente a sus cotizantes y pensionados, financiarles hipotecas u otros créditos.
En parte este es el resultado de la barbarie que se hizo con los fondos del programa de vivienda que la CSS financió en el gobierno militar. Sin embargo, hay otra razón, como me la explicó alguna vez un reconocido financista: las financieras y bancos no quieren la competencia de un mastodonte como la CSS.
¿Qué hacer? En las próximas semanas se empezarán a tomar decisiones fundamentales sobre el futuro de la CSS. En ninguna lista aparece sacarla del balance fiscal del Estado, y darle verdadera autonomía a la institución.
De paso se podría barrer con la junta directiva y limpiar los procesos de compra y contratación de la entidad. Este es solo el comienzo de una solución sistémica al problema.
Los otros elementos de un nuevo modelo de gestión están orientados a que la CSS se concentre en administrar sus fondos de pensiones, y que el gobierno central asuma la responsabilidad por todos los servicios de salud pública. Es decir, la integración en una sola entidad de los hospitales y centros de salud del Minsa, con los hospitales y policlínicas de la CSS.
La entidad resultante la debe pagar el Estado con los impuestos de todos, y no los ingresos de la CSS. Esto liberaría fondos de la cuota obrero patronal que mejorarían los ingresos del IVM.
Actualmente los patronos pagan un 12.75% como cuota para las pensiones, se le adicionaría el 9.25% que pagan los trabajadores, y así el 22%, el total de la cuota, sería destinado al fondo de pensiones. Esto le daría muchísima eficiencia al sistema de salud, permitiéndole cobertura universal sanitaria a todos los panameños.
Aunque esto mejoraría significativamente los ingresos de la Caja, tengo la impresión de que llegaría muy tarde para subsanar un agujero financiero que algunos calculan en 14 mil millones de dólares, y otros, hasta en 25 mil millones de dólares. Entonces queda claro que las cuotas no podrán resolver por sí mismas este problema.
El Estado tendrá que hacer aportes adicionales, y se deberá permitir que la CSS busque otros destinos para sus inversiones. No se puede asumir que el gobierno recaudará fondos hasta el infinito para balancear a la CSS. Aquí el reto es más que números, también es de institucionalidad y de economía. Hay que aprovechar la nueva normalidad para crear una cultura de ahorro por parte de los trabajadores independientes e informales. La CSS podría ser ese actor necesario en este proceso.
Debemos repensar las pensiones y la seguridad social en el siglo XXI. Casi la mitad de la población económicamente activa no cotiza, y los que lo hacen, pagan contribuciones relativamente bajas en su gran mayoría.
A pesar de tener el PIB per cápita más alto de la región, y el salario mínimo número uno en el subcontinente, los trabajadores panameños no tenemos la productividad que deberíamos demostrar. Mientras esas dos realidades: la falta de cotizantes, y el bajo ingreso de los que efectivamente pagan al sistema persistan, la CSS está condenada.
Se necesitará una combinación de fondos provenientes de préstamos estatales, nuevos impuestos, e inversiones inteligentes y seguras, para evitar que la crisis de las finanzas de la CSS, nos arrastre a todos en la vorágine de altos impuestos, alto endeudamiento y soluciones cada vez más caras.
