El pasado lunes 26 de septiembre, en una sesión de la suculenta Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la diputada Yanibel Ábrego, del partido Cambio Democrático (CD), le espetó al ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge: “Aquí usted hace lo que nosotros le decimos, aquí mandamos nosotros”.
En lo que posiblemente se convertirá en la frase más recordada de su prolífica carrera política, (acompañada del inolvidable “que hay pa’ella del doctor Enrique Lau, director de la Caja de Seguro Social), la diputada reconoció un hecho totalmente cierto, no solo para la Asamblea Nacional, sino para todo el territorio de la República.
El martes 27 de septiembre, dos hechos confirmaron esta aseveración. Por una parte, cinco diputados de la Comisión de Comercio, rechazaron el Proyecto de Ley remitido por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, por el cual se quería derogar a las infames leyes de incentivos fiscales al sector “turismo”.
Más tarde, en una audiencia del Pleno del Tribunal Electoral, los tres magistrados que lo conforman le salvaron las curules a 15 diputados del CD, entre ellos Yanibel Ábrego, y sentenciaron implícitamente el derrocamiento de Rómulo Roux como presidente de dicho colectivo político. Un efecto muy favorable para los fines aviesos perseguidos por un sector de la élite política panameña.
Un microcosmos del poder
La razón fundamental por la que diputadas y diputados de la gran coalición conformada por el PRD, el CD, y el MOLIRENA tienen tanto poder, se debe a una realidad muy concreta: el Órgano Ejecutivo panameño está en camino de implosionar. Los diputadas y diputados saben que el gobierno central necesita que le aprueben el presupuesto y le pasen “algunas” leyes. Algo así dijo el diputado Benicio Robinson del PRD, cuando en otra sesión de la Comisión de Presupuesto, del pasado 20 de septiembre, le envió un mensaje al gobierno de sus copartidarios cuando dijo: “Esta vez no queremos que el gabinete nos «bypaseé”, porque aquí está peligrando que no se apruebe el presupuesto”.
Como para demostrar que las reglas solo son aplicables para los perdedores, la diputada del PRD Zulay Rodríguez, lidera la recolección de apoyo como aspirante a una candidatura por la libre postulación a la presidencia de la República. La diputada no tuvo que renunciar a su curul, o a su partido para hacer una campaña paralela anticipada a la de sus posibles contendientes. Esto no fue accidental, dado que las muy opacas reformas electorales aprobadas en este periodo legislativo, le permiten a personas que son miembros de partidos políticos correr por la libre postulación. Dado que ellos y ellas hacen las reglas, el Tribunal Electoral se las bendijo y en lo que promete ser un arroz con mango para el torneo electoral del 2024, la diputada Rodríguez se perfila como la candidata de la discordia, ya sea que divida el voto del PRD, o que se incorpore como candidata a la vicepresidencia de una nómina encabezada por el expresidente Ricardo Martinelli.
La crisis del capital político
El Estado panameño presenta importantes síntomas de una crisis de gobernabilidad que representa un importante lastre para la economía real del país, no la del producto interno bruto que vuela, sino la de las cientos de miles de personas desempleadas y por la de los hogares en los que se mal-come una vez al día. Los administradores de ese Estado, los últimos tres gobiernos, han tenido que pagar un altísimo precio por el funcionamiento mediocre de la institucionalidad. Paralelamente al crecimiento de la planilla de la Asamblea Nacional, aumentó la deuda pública, se incrementaron los subsidios para los muy ricos y los más pobres, y la seguridad social pende de un hilo antes de su colapso por la falta de fondos necesarios para pagar las jubilaciones en el país. Por si fuera poco, los proyectos de leyes contra la corrupción, la extinción de dominio, así como otras reformas que promuevan la transparencia en el Estado, languidecen en las gavetas de las comisiones de la Asamblea.
Como no hay capital político no se ha querido enfrentar la situación de la seguridad social. Como hay que tener felices a los donantes de campaña, se mantienen las leyes de incentivos fiscales que perversamente transfieren cientos de millones de dólares de la atención de las necesidades más urgentes, hacia el beneficio de una minoría empresarial. El Estado se ha convertido en la cartera de diputadas y diputados que hace ya mucho tiempo dejaron de representar a los intereses de un exhausto y desesperado pueblo panameño.
