Si se mantiene la tendencia actual de asignación de recursos del Estado panameño a la Asamblea Nacional, en el lustro comprendido entre el año 2019 y el 2024, el poder Legislativo panameño habrá recibido unos mil millones de dólares en su presupuesto.
A esta conclusión se llega si se suman los montos de los presupuestos asignados y efectivamente usados por la asamblea Nacional. Así tenemos que el presupuesto formal de la Asamblea Nacional fue de 123.2 millones de dólares en el año 2019, 99.6 millones en el año 2020, y que para el año 2021 arrancó con un presupuesto de 107 millones y terminó con 200.9 millones de gasto total. Para el año 2022, la Asamblea Nacional recibió un presupuesto de 143.9 millones, y para julio de este año ya había gastado 200.4 millones de dólares. Estos dos últimos datos provienen del trabajo periodístico de Dalia Pichel en este medio.
La sumatoria de lo gastado por la Asamblea Nacional en estos ejercicios fiscales, alcanza los 624 millones de dólares, y el año 2022 todavía tiene cuatro meses y medio de vigencia. Se puede suponer que en los dos próximos años fiscales la Asamblea Nacional mantenga su aspiración de consumir 200 millones más por año. Esto resultaría en la friolera de por lo menos mil 24 millones de dólares, en apenas un lustro. Esto no solo representa una desviación infame de recursos públicos, si no que le han puesto una regalía a las diputaciones, 14.4 millones de dólares por lustro. Obviamente la repartición de panes y peces no es igual para todas las curules, por lo que es de esperar que los diputados de gobierno nos cuesten más de 25 millones de dólares por lustro.
Como son números algo grandes, entendamos algunas comparaciones. Lo que costará la Asamblea Nacional en este lustro es casi lo mismo que el nuevo Hospital del Niño (614 millones de dólares), junto con el nuevo Instituto Oncológico Nacional (434.8 millones). Ambos proyectos están retrasados, presuntamente por falta de fondos del Estado. Lo estimado para la Asamblea en un lustro, es más de 22 veces el presupuesto de Senacyt, que puede enfrentar recortes, y equivale a la construcción de 102 escuelas públicas de excelencia, cada una a un costo de 10 millones de dólares, como suele recordarlo el abogado y analista Alfonso Grimaldo.
Esta gula presupuestaria de la Asamblea Nacional representa el primer costo de hacer políticas públicas y leyes en Panamá. Si en el año 2024 no hay una nueva mayoría legislativa unida por una nueva filosofía y un apego a los valores, tendremos un alto grado de chantaje legislativo y presupuestos que bien pueden pasar de 300 millones de dólares al año.
El poder Legislativo de Costa Rica tiene un presupuesto de unos 75 millones de dólares, el cual incluye a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los habitantes, equivalente a la Defensoría del Pueblo de Panamá. La Asamblea Nacional de Panamá no carga con estas instituciones. En el caso de Colombia su congreso bicameral, para un país de más de 51 millones de habitantes, tiene un presupuesto de unos 145 millones de dólares.
La perversión presupuestaria de la Asamblea Nacional se sale de todo parámetro, y ya se ha convertido en un enorme agujero de las finanzas públicas. No solo se impide usar fondos públicos en verdaderas prioridades nacionales, si no que la gravísima distorsión del “que hay pa’ mí” legislativo tienen al Estado como rehén haciendo obras en favor de pocos, mientras desconoce las necesidades de muchos.
