En 1919 se inició la Escuela Libre de Derecho, primer centro de enseñanza superior para la formación de abogados del país. Quizás su alumna más conocida, y sin demeritar a ninguno de sus compañeros fue Clara González, la primera abogada panameña.
En 1935 se creó la Universidad de Panamá, y con esta la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que estuvo solita en la cancha hasta que más tarde, en 1972, la Universidad Santa María la Antigua (USMA), inició sus propias clases de Derecho. La formación académica de ambas universidades era robusta y sus graduandos fueron elementos fundamentales para la construcción de un estado de Derecho funcional y una economía insertada en la globalización.
Con el paso de los años, aparecieron nuevas universidades privadas, algunas acompañadas de una importante inversión en facilidades académicas con un compromiso con la excelencia pedagógica. Otras, en cambio eran y son universidades de garaje, verdaderas fábricas de diplomas, en especial los de las licenciaturas en Derecho y Ciencias Políticas.
Mi educación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá estuvo impartida principalmente por catedráticos con doctorados o maestrías de universidades de todas partes del mundo: España, Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú y Chile. Además, el cuerpo académico de la “ultranacionalista” Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, tuvo la impronta de distinguidos académicos extranjeros de Alemania, España, Chile, Perú y Uruguay. La herencia de esos arduos académicos formó generaciones de abogados y abogadas de muy alto nivel. La biblioteca de la Facultad de Derecho y el Centro de Investigaciones Jurídicas eran siempre un hervidero de actividad y consulta.
Una profesión en crisis
En el año de 1992 se emitieron 203 idoneidades de abogados, por parte de la Corte Suprema de Justicia. Una de estas es la mía. En el año 2014 se emitieron 1443 idoneidades, la máxima cantidad de un solo año. En el 2019 la Corte emitió 1380 idoneidades, y en lo que va del año 2022 se han emitido 201 idoneidades. En los últimos 13 años, más de 16 mil abogados y abogadas han recibido sus idoneidades. Se estima que en Panamá podemos estar próximos a tener 30 mil abogados en ejercicio, lo que equivale a casi uno por cada cien adultos.
Para recibir la idoneidad de abogado, se necesita haber completado la licenciatura de alguna Facultad de Derecho, tomar un seminario en el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, antigua Escuela Judicial, y aprobar el examen de dicho seminario. En años recientes, hasta la mitad de los licenciados han fracasado el dichoso examen, y los que lo aprueban lo hacen con puntajes mediocres. Esta situación ha provocado el interés de numerosos actores, tales como el Colegio Nacional de Abogados, así como las universidades públicas y privadas de meterle la mano al problema.
En principio, la idea no suena tan descabellada: hacer un examen de suficiencia académica para todos los graduados y exigir la educación continua de los abogados en ejercicio. Entiéndase que el examen y los cursos serían un gran negocio para los principales actores responsables de la inadecuada educación de los abogados: las universidades.
Cuando estudié derecho, el requisito académico exigía 10 semestres de estudios diurnos, o 14 semestres de estudio nocturno, es decir de 5 a 7 años. Incluso aprovechando los veranos se podía disminuir la carga académica, pero el término de la carrera se redondeaba. Ahora la norma es 4 años de formación diurna, y en algunas universidades privadas es similar la duración de la carrera si se hace diurna o nocturna. Por la pandemia todo el mundo dio clases virtuales, y actualmente, las clases presenciales consisten en módulos, trabajos por internet, o exámenes cajoneros, ampliamente conocidos.
Mientras la educación jurídica aumenta su complejidad en el resto del mundo, en Panamá se simplificó, se masificó, y por qué no decirlo, se prostituyó. Por mandato constitucional, la Universidad de Panamá debe supervisar la calidad de las otras universidades, pero fue la propia Universidad de Panamá la que les dio su autorización para funcionar. La propia Facultad de Derecho de esta casa de estudios cayó en un pánico burocrático, y redujo el término de la licenciatura a 8 semestres, es decir, 4 años. La razón es que querían competir con las universidades privadas, pero en la práctica lo que querían era evitar un éxodo de estudiantes hacia centros educativos con menos requisitos, lo que habría causado la disminución de la cantidad de estudiantes de derecho y, por ende, habría obligado a una disminución de la burocracia académica.
Al parecer nadie se preocupa por la necesidad de justicia que tiene el país y por la calidad de los servicios jurídicos que requieren ciudadanos y empresas. Quizás la mejor forma de atender este problema empieza con un examen de suficiencia académica que sea aplicado por la Corte Suprema y la Universidad de Panamá, para quitarle el elemento de lucro.
La segunda parte de la solución debe estar orientada a capacitar a los jóvenes abogados en el derecho, tal y como se practica. Para esto, el mal llamado servicio social tendría que convertirse en un verdadero programa de formación en el trabajo de unos 6 meses de duración. A los abogados se les rotaría entre el Órgano Judicial, el Ministerio Público, y algunas de las múltiples jurisdicciones administrativas especiales como la laboral, la de tránsito, la seguridad social, migración, la jurisdicción sanitaria, o alguna similar. De esta forma, no solo tendrían una mejor idea de su trabajo, si no que desarrollarían contactos y algo de experiencia, que a todo el mundo le cae bien.
Sobre la actualización periódica, bienvenida sea, pero que no se limite solo a las universidades. Existen una multiplicidad de gremios e incluso empresas que pueden ofrecer cursos de valor agregado que de otra forma no habría acceso a ese conocimiento, por ejemplo, no hay nadie mejor que la Autoridad del Canal de Panamá para ofrecer una actualización sobre las normas y reglamentos del Canal. Existen organizaciones no gubernamentales con muchísima experiencia en una variedad de temas, en los que podrían ofrecer cursos para generar ingresos y a la vez actualizar a la comunidad jurídica. Quizás con el requisito de que todos los cursos sean aprobados por la Instituto Superior de la Judicatura de Panamá se mantendrían los parámetros de calidad y excelencia que requiere el país y se evitaría un negociado con los abogados que terminarían pagando sus clientes, y toda la nación.
