El pasado jueves 22 de febrero, la República de Panamá realizó una emisión de bonos de deuda externa por un monto de $3,100 millones. Los bonos fueron escalonados en tres tramos comprendidos entre los años 2031, 2038 y 2047. El dinero es obviamente para completar el gigantesco presupuesto general del Estado, de unos $30,000 millones que nos tiramos para el año 2024, y para pagar deudas. Si se toma en cuenta que en el año 2023 alcanzamos una deuda pública total de $47,025 millones y le sumamos los $3,100 millones de febrero actual, quedamos en $50,125 millones de deuda pública.
Ese número tiene un impacto psicológico impresionante. Esa es una cadena amarrada a un ancla que ahorca a los panameños y panameñas. La deuda pública cuenta una historia de la economía panameña de los últimos 15 años, que nos escupe en la cara como un relato de desigualdad, despilfarro, concentración de la riqueza, corrupción y mucha incapacidad de la clase política.
Para que entendamos lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, tomemos en cuenta lo siguiente: en junio de 2009, el total de la deuda pública panameña era de $10,802.1 millones. En junio de 2014, era de $17,639.5 millones (excluyendo los proyectos llave en mano). En mayo de 2019, el total de la deuda pública fue de $27,190.8 millones y ahora estamos en al menos $50 mil 125 millones. En los cuatro meses que le restan al gobierno de Laurentino Cortizo habrá que hacer al menos otra emisión de bonos para completar el presupuesto y cumplir con la amortización de la deuda pública que se vence en el primer semestre del año. De esta forma, se habrá quintuplicado en 15 años la deuda pública panameña. Por si fuera poco, el 2 de julio, el nuevo gobierno tendrá que amortizar deuda pública y estará ocupado buscando fondos para tapar el hueco del Programa de Beneficio Definido de la Caja de Seguro Social (CSS).
La República de Panamá, realizó con éxito la emisión de tres Bonos Globales en el mercado internacional, con vencimientos en 2031, 2038 y 2057, por un monto total, de US$3,100 millones, a una tasa cupón promedio ponderada de 7.79%. pic.twitter.com/Vp0GvDL2t5
— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) February 23, 2024
El retrato de las finanzas públicas que revela el gigantesco monto de la deuda pública omite datos claves como las vigencias expiradas del gobierno y los pagos a proveedores y otros actores de la empresa privada que ya superan $1,700 millones. Con toda esta danza de miles de millones de dólares, Panamá debería ser el país con los mejores indicadores económicos, educativos, de salud, de servicios sociales y de cuanto asunto hay en el mundo. No lo somos. Esto refleja un síntoma grave de la enfermedad panameña.
Visualicemos por un momento otra cifra: la de $25,400 millones. Esto es lo que el Canal de Panamá le ha entregado al Estado panameño desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2023. Este dinero no ha sido producto de préstamos o de impuestos; es la regalía de la lucha por la soberanía. Con $25,400 millones se debió resolver cualquier problema fundamental en este país. No fue así.
Tenemos entonces un país lastrado por una creciente deuda pública, por el déficit actuarial de la Caja de Seguro Social y por incontables demandas económicas y sociales de más y mejor agua, salud, educación, infraestructura, vivienda, acceso universal al Internet y mayor bienestar humano a nivel nacional. Todo esto cuesta dinero y la capacidad de endeudamiento del país se verá cada vez más limitada y, por supuesto, los aportes del Canal no son infinitos. Entonces, la luz al final del túnel nos lleva a dos carriles en la autopista de la gestión económica responsable: reducir el gasto público y hacer una reforma tributaria.
Lo de la reducción del gasto público se cae de su peso. Si se suman todos los educadores del sector público, todos los colaboradores del sector salud, todos los miembros de los organismos de seguridad pública y todos los demás funcionarios con tareas verdaderamente esenciales, quizá llegaríamos a un rango de 160,000 a 180,000 servidores públicos necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz del Estado. Según cifras de la Presidencia de la República del 22 de febrero de este año, actualmente tenemos 275,738 servidores públicos. Seamos generosos y consideremos que el 20% de estos servidores públicos son redundantes; esto nos daría unos 55,000 funcionarios. El ahorro en salario sería de unos $60 millones al mes, lo que equivale a $720 millones al año, es decir, $3,600 millones en 5 años. Esa sola medida paga la línea 3 del Metro de Panamá.
Por otro lado están las exoneraciones, las explícitas y las implícitas. Las explícitas son las que existen por ley y que excluyen del pago de tributos a las zonas francas, actividades financieras de alto perfil, y a los ingresos provenientes del exterior. Las exoneraciones implícitas son las que resultan por la decisión política de no cobrar adecuadamente los tributos del país. Esto incluye a la evasión, a la elusión y a la ineficacia en la gestión de las entidades recaudatorias y en el cobro de los impuestos. Entre ambos grupos de exoneraciones se podría hablar de unos $3,000 a $5,000 millones al año. Eso puede ser hasta el doble de lo que el Canal de Panamá le entrega anualmente al Estado.
Existe un tercer componente del gasto público integrado por la generosa cartera de subsidios a la población. Esto incluye la beca universal o Pase U, los 120 a los 65, el Ángel Guardián, el Plan de Asistencia Nutricional, la Red de Oportunidades, el tanque de gas y un abanico de subsidios a la producción y a la exportación. Esto deberá repensarse. El monto de los subsidios superó los $2,300 millones para el año 2022, pero eso incluía el subsidio a los combustibles. Se pueden concentrar los subsidios sociales en los grupos verdaderamente necesitados y más vulnerables. Así, el monto de subsidio puede aumentar y se puede verificar el cumplimiento de metas de corto, mediano y largo plazo. Si se optimizaran estos subsidios estaríamos hablando de más de $1,000 millones en ahorros al año, que en cinco años equivalen unos $5,000 millones que se podrían invertir en resolver necesidades sociales fundamentales, rompiendo las cadenas del clientelismo y la dependencia.
Panamá no tiene porqué endeudarse. El gigantesco tamaño de nuestra deuda pública ha sido en realidad un subsidio a una economía injusta, ineficiente y cuyas riquezas están altamente concentradas. Si se hubieran cobrado debidamente los impuestos, eliminado prebendas y botellas, y focalizado responsablemente la inversión social, el país contaría con recursos más que suficientes para atender sus desafíos. El reto de hacer la reingeniería de nuestras finanzas públicas, promover un sistema tributario más equitativo y reducir las desigualdades sociales, a la vez que se aumenta la competitividad del país, es en realidad la principal tarea que deben enfrentar quienes aspiran a ser nuestros subalternos como mandatarios de esta nación a partir del 1 de julio de 2024.
