Crece programa de facilitadores judiciales

Unas 600 personas, 325 de ellas mujeres, forman parte del Sistema de Facilitadores Judiciales de Panamá, una iniciativa que empezó hace cuatro años y que busca acercar la justicia a las comunidades más alejadas.



Lenis Bustamante, coordinadora nacional del sistema, explicó que la organización de este servicio descansa en el voluntariado, ya que los facilitadores judiciales comunitarios no reciben salario ni compensación económica, a pesar de ser auxiliares del Poder Judicial.



“Apreciamos una genuina participación de la comunidad involucrada, no solo en sus problemas sino en los mecanismos de resolución de sus problemas”, aseguró Bustamante.



Destacó, empero, que los integrantes de este programa se llevan para ellos y sus comunidades conocimientos que les permiten crecer y no solo participar activamente en la denuncia de sus problemas sino en los mecanismos de resolución.



El proyecto –que funciona en cinco países de la región– fue presentado ayer, miércoles 9 de mayo, dentro de la Feria de Cooperación Sur-Sur, un evento de Naciones Unidas que se desarrolla en la Ciudad del Saber y donde están reunidos representantes de 33 países, debatiendo sobre proyectos exitosos de cooperación.



CAPACITACIÓN



Los facilitadores judiciales son entrenados para convertirse en mediadores judiciales. “Sacamos en conclusión que no solo los pagos o los salarios son los que nos permiten encontrar a personas comprometidas con la prestación de un servicio”, remarcó Bustamante.



Mirna Rosales, gerente de país de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Centroamérica, señaló que el programa se desarrolla a través de la estructura del Órgano Judicial y que son los jueces municipales los que se encargan de coordinar, capacitar y dirigir a los facilitadores judiciales comunitarios.



Como parte de esa tarea directa, los jueces brindan cada dos meses capacitaciones a los facilitadores; además, deben darles seguimiento y asesorarlos, sobre todo en aquellas tareas que tienen que ver con la capacitación de las comunidades en las que trabajan. Los facilitadores deben replicar lo que aprenden, porque un objetivo del programa es que la comunidad se culturice jurídicamente prevenir el conflicto.



Asimismo, los facilitadores deben asesorar a la comunidad y hacer gestiones que les pidan los jueces (localizar testigos, llevar citatorios). Incluso, están en capacidad de dirigir a las personas hacia la autoridad correspondiente (Personería, Policía, Juzgado) cuando el conflicto en cuestión no pueda ser atendido por ellos.



“Consideramos que el Poder Judicial tiene una valiosa herramienta humana para cambiar el rostro y acercar la justicia a estas comunidades alejadas. Este programa está en las comunidades más pobres, más alejadas, con problemas de comunicación… donde, a veces, la lejanía, la falta de dinero, por no perder el trabajo, la gente deja que el delito se quede en impunidad”, apuntó Rosales.



La OEA espera que en los próximos tres años todo Panamá cuente con el programa de facilitadores judiciales. La Feria Saber del Sur concluye este jueves. Siga la transmisión en vivo en Prensa.com.