Avanza el caso judicial contra James Holmes, presunto responsable de la masacre en el cine de Aurora (Denver, Estados Unidos), el 20 julio de 2012.
Esta semana, un juez en la comunidad de Centennial (Colorado), aceptó el alegato de demencia de Holmes, "con lo que sentó las bases para una larga evaluación mental de este sospechoso", indicó la agencia de noticias AP.
"El secretario de la corte puso un aviso por escrito de las reglas básicas de la declaración frente a Holmes para que él pudiera examinarla, mientras el juez Carlos Samour hijo leía los 18 puntos", relata un periodista de la AP. Acto seguido, Samour le preguntó al acusado si entendía el contenido del texto y Holmes dio un sí por respuesta. De esa manera, el juez determinó que James Holmes "comprende los efectos y consecuencias de la declaración de no culpabilidad por alegato de demencia".
Holmes tiene sobre sus hombros la posible responsabilidad de matar a tiros a 12 personas y herir a otras 70 en una sala de cine mientras se proyectaba el final de la trilogía de Batman, es decir, tiene cargos tanto de homicidio como de intento de homicidio.
La fiscalía lo tiene claro, Holmes merece la pena de muerte y no acepta que esté loco ni nada parecido, pues indica que a lo largo del proceso podrá demostrar que "Holmes pasó meses comprando armas, municiones y material para fabricar explosivos e inspeccionó la sala de cine por anticipado. Con chaleco blindado estilo policial, lanzó una lata de gas lacrimógeno en las plateas y empezó a disparar".
Por eso, la teoría es que los defensores de Holmes se han inclinado a que este hombre está mentalmente enfermo para evitar que camine por el corredor de la muerte en su condición de ejecutado.
Anque demoraron el alegato de demencia, "al considerar que las leyes estatales eran anticonstitucionales. Dijeron entonces que las leyes podían perjudicar la defensa si el caso de Holmes llega a la fase en la que el jurado decide si debería ser ejecutado", señala la AP.
"Las leyes estipulan que si Holmes no colabora con los médicos que le hacen una evaluación mental obligatoria, pierde el derecho a llamar a expertos para atestiguar sobre su estado mental durante la fase de penalidad en el juicio. Los abogados de la defensa sostuvieron que es una restricción anticonstitucional a su derecho a defenderse", resalta la nota de prensa de la AP.
El siguiente capítulo de esta historia se escribirá cuando Holmes reciba esa evaluación de su estado mental. Esto, indican los conocedores en las leyes norteñas, ocurrirá dentro de varios meses.
