Una gama variada de personalidades, diferentes edades, estratos y profesiones, pero un mismo interés: promover la inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones ligadas al desarrollo medioambiental del país y la protección de sus recursos marino-costeros.
Eso promueve la campaña Voz Verde, y detrás de esa iniciativa liderada por la Fundación MarViva hay diversas organizaciones no gubernamentales del país.
Voz Verde se sustenta en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que consagra el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana.
El objetivo primordial es que los ciudadanos tengan voz y voto en las juntas directivas de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entidades cuyas decisiones inciden directamente sobre los recursos naturales –muchos de ellos en estado de vulnerabilidad– y, por ende, en la calidad de vida que a futuro el país ofrecerá a su gente.
La campaña también promueve incluir en las leyes artículos que garanticen la representatividad de la sociedad civil cuando se discutan temas relacionados con el medio ambiente; así como su capacidad para presentar y sustentar propuestas, proporcionar información o dar apoyo incondicional para los temas ambientales. Es decir, que se le otorgue –en blanco y negro– mayor participación en las decisiones que impacten positiva y/o negativamente en la gestión y conservación del medio marino costero.
Para tender ese puente, las organizaciones ambientales llevarán a la Asamblea Nacional una ley que propone modificar las leyes de la Arap y la AMP para que sus juntas directivas sean integradas por miembros de la sociedad civil ambiental organizada, pero no solo en calidad de observador sino con derecho a voz y voto.
Según la propuesta que será llevada a la Asamblea, el representante de la sociedad civil ambientalista deberá estar involucrado con grupos cuyo objetivo sea la conservación del medio ambiente marino costero, así como el desarrollo y uso sostenible de sus recursos.
Otro requisito es que la organización esté constituida legalmente en Panamá, es decir, que tenga personería jurídica y por lo menos tres años trayectoria comprobada.
Tal como comenta Gabriela Etchelecu, directora ejecutiva de la fundación MarViva, el objetivo es poder participar con equidad social en las decisiones, de forma que todas las acciones que se tomen con relación al desarrollo del país sean sostenibles. Al final, remarca, todos seremos beneficiados.
Durante la presentación de la campaña, también participó el experto en equidad social y desarrollo sostenible Joseph Foti [ver perfil], quien hizo énfasis en la importancia de que los ciudadanos tengan acceso a la información de manera oportuna, a fin de que se involucren en la toma de decisiones sobre desarrollo que afecten el medio ambiente.
Foti también comentó que la clave está en que los involucrados tengan acceso a la información en los idiomas que ellos entienden y en que se trate de evitar el uso de términos científicos que ciertas comunidades no manejan. Lo importante, agregó, es velar porque se garantice este derecho a todos los individuos.
Como asesor y experto en el tema, hace hincapié en la necesidad de identificar las “lagunas” que tienen las leyes, y determinar aquellas fallas que traerán consecuencias irreversibles a la sociedad, aunque el desarrollo del país sea aparentemente positivo.
La campaña ya empezó y la propuesta de ley fue entregada el pasado jueves en la Dirección de Promoción de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.
