Numerosos nacionalistas se opusieron a los términos de la separación de Panamá de 1903 porque se concedía el control soberano de más de 500 millas cuadradas de territorio para la construcción del Canal y se permitía a una potencia extranjera intervenir discrecionalmente en el país.
La nueva república, sostenían algunos, era una farsa: una creación artificial y fraudulenta de Estados Unidos. De hecho, el protector norteamericano intervino frecuentemente en la república en las décadas siguientes. Los motivos invocados consistieron siempre en la necesidad de sofocar disturbios que amenazaran el Canal y la Zona del Canal.
Los panameños que detentaban el poder hubieron de enfrentar solos la difícil tarea de desarrollar el Estado-nación. Así, mientras que la élite gobernante maniobraba dentro del contorno fijado por un poder foráneo, la tarea de relacionar en forma relevante a una población profundamente fracturada social, étnica y racialmente con el nuevo Estado fue, resueltamente, un asunto local.
La construcción del Canal frustró aun más a los funcionarios panameños que intentaban desarrollar el Estado-nación. Inmigrantes de todas partes del mundo inundaban las ciudades terminales de Panamá y Colón a fin de explotar las oportunidades que surgieron del enorme proyecto, lo cual triplicó la población en un lapso de 10 años. Las masas de inmigrantes estimularon la actividad económica y generaron ingresos al Estado; sin embargo, la profusión, el aumento desorbitado de los alquileres y mercaderías y la violencia general que acompañó aquellos vertiginosos cambios mostraron, en afilado relieve, la debilidad del nuevo Estado.
Por ejemplo, poco antes de 1910 se había construido una nueva cárcel en Colón. Sin embargo, casi inmediatamente, el secretario de Gobierno y Justicia advirtió de que había “resultado inadecuada en presencia del inmenso crecimiento de la población de la ciudad y del gran número de detenidos ingresados diariamente”. Ya para 1909 lamentaba que, en general, “no hemos hecho nada para corregir los defectos y deficiencias que han sido advertidos desde los primeros días de la República”.
La situación empezó a cambiar en 1912 con la elección del presidente Porras, quien dedicó enorme energía durante sus 10 años intermitentes de gobierno en construir la infraestructura de un moderno Estado-nación. Sin embargo, los diversos proyectos de construcción, aunque necesarios, llevaron al borde de la bancarrota a un Estado que obtenía ingresos muy limitados. Ni la anualidad obtenida de la concesión canalera ni los ingresos estatales, aumentaron en proporción a las exigencias que el rápido crecimiento de la población imponía al Gobierno. Los funcionarios panameños atribuyeron las dificultades fiscales al hecho de que la república carecía de acceso a su más importante recurso natural: la ruta de tránsito.
De hecho, Panamá no recibía beneficios importantes derivados del empleo en el Canal, ni impuestos sobre la renta de los empleados, ni acceso a las naves que transitaban por el Canal. A lo que se añadía la muy limitada actividad comercial generada por las necesidades cotidianas de los habitantes y trabajadores de la Zona.
La insostenible situación impuesta por la camisa de fuerza que restringía el fisco frustró a los panameños, pero de poco valió para disuadir a los funcionarios estadounidenses que juzgaban las dolencias fiscales panameñas en el contexto de un discurso imperial más amplio, que asumía el carácter irresponsable de los latinoamericanos en la administración del fisco. Desde la perspectiva estadounidense, la solución obvia al problema de la deuda pública consistía en que Panamá cediera el control de sus finanzas estatales a un agente fiscal norteamericano. Los funcionarios panameños se erizaron por el desafío que esa imposición suponía a la soberanía. De igual modo, se opusieron al control fiscal norteamericano basados en que amenazaba la importante función que el Gobierno jugaba en la obtención de caudales.
Al fin y al cabo, el Estado subsistía como una de las pocas empresas en manos de panameños y una de las pocas avenidas que permanecían abiertas a los que aspiraban al poder, la riqueza y el prestigio. Terminaron nombrando a un asesor norteamericano, pero se mostraron renuentes al control externo de las finanzas gubernamentales con el resultado de que varios agentes fiscales dimitieron frustrados. Seguidamente Panamá ordenó una investigación que detectó numerosos “empleados excedentes”; salarios “excesivamente elevados en proporción a las responsabilidades”; burócratas desprovistos de funciones y altos funcionarios que cobraban hasta cuatro sueldos simultáneamente.
El oficio del burócrata se había transformado en herramienta útil para aliviar el subempleo y el desempleo crónicos. Redujo, aunque levemente, el explosivo descontento popular. Con todo, los cargos públicos se distribuían con el propósito de consolidar el poder político personal. Por ejemplo, el administrador general del impuesto de licores, Rafael Neira, recibió en 1912 una carta del Presidente poco después de su victoria electoral. El Presidente de la República cuestionaba el reciente nombramiento de Joaquín Ortiz Aguilera como inspector de licores en Colón. “No sabía que Aguilera había sido oponente furibundo a vuestra candidatura”, respondió Neira y “créame que si lo hubiera sabido, no lo habría incorporado a mi planilla”.
Un nervioso Neira le aseguró al presidente Porras que el otro inspector colonense era un “liberal incorruptible y resuelto contribuyente político”. Y concluía: “Sobre todo, quede usted convencido de que estoy lejos de causarle incomodidad con la selección de empleados que no disfruten de la simpatía del gobierno”.
FUENTES
Editor: Ricardo López Arias
Autor: Matthew Scalena, profesor de Historia de la Universidad Simon Fraser, Vancouver, Canadá.
Fotografía: Comisión del Canal. Carlos Endara. Colección RLA/AVSU.
Comentarios: raíces@prensa.com