En agosto del año pasado, celebramos en Centroamérica el 25 aniversario de los acuerdos de Esquipulas, que fueron la llave para la solución política de la guerra que envolvió a toda la región a lo largo de la década de los 80 del siglo pasado. Y este mes se celebra un cuarto de siglo de los acuerdos de Sapoá, firmados entre el gobierno sandinista y la Resistencia Nicaragüense, la contra, que abrieron el camino hacia las elecciones pacificadoras de 1990, y que el sandinismo perdió.
El escenario global cambiaba entonces, se deshacía el bloque soviético, se acababa el mundo bipolar, y en esta pequeña esquina del tablero la democracia se convertía por primera vez en décadas en el actor principal. Desde entonces, empezamos a elegir gobiernos, sin importar más su color ideológico, y los golpes de Estado se volvieron asuntos del oscuro pasado, salvo por el derrocamiento del presidente Zelaya en Honduras, que ojalá siga siendo una excepción.
Hay dos gobiernos electos provenientes de organizaciones guerrilleras, en El Salvador y Nicaragua. También hay en Guatemala un presidente que procede de los altos rangos militares, pero no a consecuencia de un golpe de Estado, sino de elecciones democráticas. Podemos afirmar que por primera vez estamos viviendo bajo las reglas de la democracia.
El promedio de participación electoral en Centroamérica ronda el 70%, contra un 40% o menos en Estados Unidos. ¿Qué hemos ganado hasta hoy?
Que en la gran mayoría de nuestros países podemos votar con confianza, sin temor a los fraudes. Es una cuenta positiva, pero para defenderla hay que ponerla en cuestión. No podemos dar por garantizado que no habrá retrocesos. Que las instituciones no sean sujetas a voluntades autoritarias ni a la corrupción ni a las influencias del narcotráfico o, lo que es peor, a una mezcla maligna de todo eso. ¿Funciona la democracia en Centroamérica? ¿Son las instituciones suficientemente sólidas? ¿Tenemos garantizada la supervivencia del sistema? ¿Se ha ausentado para siempre el caudillismo? Desgraciadamente, no. Las elecciones periódicas no son capaces de responder por sí solas a este conjunto de preguntas.
Y entre todas esas preguntas, hay aún otra de importancia: ¿Ha sido capaz de producir cambios estructurales? Reducción en los niveles de extrema pobreza, distribución equitativa de la riqueza, un sistema tributario justo, empleos calificados y la ampliación de la clase media. Cambios profundos en el sistema educativo para que llegue a producir desarrollo real. Sin duplicar al menos la inversión en educación, las modestas tasas de crecimiento alcanzadas hasta ahora seguirán congeladas, y seguiremos teniendo un desarrollo mediocre. Marcar el paso no es avanzar. Y para avanzar se necesitan dos bases imprescindibles: educación e institucionalidad democrática.
La democracia tiene que enfrentar amenazas, y algunas de ellas son mutables.
Hoy escuchamos hablar del nuevo socialismo, que precisamente porque en su concepción populista margina la participación pluralista de la sociedad, se convierte en antidemocrático.
Un gobierno populista crea satisfacciones paliativas en la población que se transforman en apoyo electoral, pero al costo de degradar la dignidad de los electores con donaciones, subsidios y regalías. Pero estas políticas ni resuelven el problema de la democracia, que más bien debilitan, ni resuelven el problema del desarrollo económico sostenible. Democracia, seguridad ciudadana, libre expresión del pensamiento, equidad social, justicia económica. Fortaleza de las instituciones, transparencia de la gestión pública. Educación de calidad, como palanca imprescindible del desarrollo. La pregunta real es si un gobierno autoritario, sea duro o moderado, puede asegurar hacia el futuro esta convergencia de fortalezas de la democracia, o más bien la destruye