El presidente de la Federación Española de Fútbol y su hijo declararon este jueves ante un juez, dos días después de su arresto como parte de una pesquisa anticorrupción.
Otros dos dirigentes del fútbol español que también fueron detenidos en las redadas del martes comparecerán ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
Ángel María Villar, su hijo Gorka, Juan Padrón y Ramón Hernández están acusados de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documentos, entre otros delitos, dentro de las pesquisas sobre las finanzas de las federaciones.
Padrón es el vicepresidente económico de la federación española y también presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, y Hernández es secretario de esa federación regional canaria.
Un vocero de la corte dijo que los Villar quedaron detenidos en la celda del tribunal después de contestar las preguntas del juez, mientras Padrón y Hernández declaraban.
El juez decidirá si los acusados permanecen detenidos mientras prosigue la investigación, indicó un portavoz de la Audiencia Nacional a The Associated Press. El vocero pidió permanecer en el anonimato en línea con la política del tribunal.
Ángel María Villar preside la federación española desde hace casi tres décadas. También es vicepresidente primero de la FIFA y vicepresidente de la UEFA.
La policía indicó el martes que sospecha que el directivo organizó partidos de la selección española que derivaron en operaciones de negocios en beneficio de su hijo, un abogado especializado en deportes que ha trabajado como asesor legal y mano derecha de tres expresidentes de la Conmebol luego acusados de corrupción como parte de una pesquisa en Estados Unidos.
El presidente de la RFEF ha sido durante años una figura influyente en el mundo del fútbol dentro y fuera de España, y en 2014 fue señalado por conducta cuestionable en un informe de la FIFA de las investigaciones sobre el proceso de candidaturas para el Mundial.
El directivo pasó las últimas dos noches en un calabozo de la Guardia Civil a las afueras de Madrid, apenas a unos pocos kilómetros (millas) de las oficinas de la federación, que fueron registradas el martes por la policía junto con varios inmuebles privados y oficinas de federaciones regionales.
El Consejo Superior de Deportes español ha prometido que las actividades de las que se encarga la RFEF, como las selecciones nacionales de fútbol, el calendario de partidos de las competiciones entre clubes y el nombramiento de árbitros, no se verán afectadas por el escándalo.
El ministro español de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Fernández de Vigo, dijo a la prensa el jueves por la mañana que el gobierno ha tomado “las riendas de la situación” y que “velará porque lo que estamos viendo en estos momentos no perturbe el funcionamiento normal de la federación y de la competición”.