MADRID, España. (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción interrogará la próxima semana al expresidente del Zaragoza Agapito Iglesias y a una veintena de jugadores de este club y del Levante por el supuesto amaño del último partido de la liga de fútbol 2010-2011 para que el Levante se dejara ganar a cambio de cientos de miles de euros.
Según han informado a Efe fuentes fiscales, el expresidente del Zaragoza y los jugadores de ambos equipos que se estima participaron de este fraude han sido citados por la Fiscalía los días 2 y 3 de octubre.
La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace un año el presunto pago por parte del Zaragoza a los jugadores del Levante por perder el último partido de liga de la temporada 2010/2011 que disputaron ambos equipos en el campo del Levante, en el que el club aragonés se jugaba la permanencia en primera división.
Gracias a ese supuesto amaño, el Zaragoza obtuvo los tres puntos que necesitaba para evitar el descenso a segunda división al ganar al Levante por 1-2, lo que supuso que finalmente fuera el Deportivo de la Coruña el que bajara de categoría ese año.
Según lo investigado, fue presuntamente Agapito Iglesias quien se puso en contacto con jugadores del Levante para concertar el amaño de ese partido, de ahí que se haya emplazado al expresidente del Zaragoza para que declare entre los primeros citados por la Fiscalía para el próximo jueves a partir de las 9.00 horas. Entre los jugadores del Levante que han sido llamados a declarar se encuentran el que era entonces el capitán del equipo, Juanfran García, y Héctor Rodas.
La Fiscalía ha apoyado su investigación en un informe elaborado por su Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria sobre las cuentas bancarias de los jugadores supuestamente involucrados en este fraude.
Una vez que el fiscal tome declaración a todos ellos en la sede la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, su intención es judicializar estas diligencias en el correspondiente juzgado de Valencia, donde se disputó el partido.
La conducta que se les atribuye podría ser constitutiva del delito de corrupción entre particulares contemplado en el artículo 286 bis del Código Penal y que castiga con penas de prisión de seis meses a cuatro años a quien "por sí o por persona interpuesta prometa" un beneficio de cualquier naturaleza para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros.