BARCELONA, España. (DPA).- La Justicia española informó este lunes que pedirá al Barcelona los contratos de Neymar antes de decidir si admite a trámite la querella interpuesta contra el presidente club, Sandro Rosell, por presunta apropiación indebida en el fichaje.
Dicha demanda fue presentada por el socio Jordi Cases y ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al juez Pablo Ruz que reclame al Barcelona los documentos para examinar si hubo irregularidades en la operación con el Santos y autorizar el desarrollo de la denuncia.
El fiscal de la Audiencia José Perals reclamó también la Memoria Económica de la Junta Directiva del Barcelona de los años 2011, 2012 y 2013, e hizo esta solicitud a Ruz en el informe que le remitió.
En dicho documento, el fiscal adelantó que la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos por tratarse de un presunto delito cometido por un español en el extranjero.
Perals considera necesarios esos documentos “con carácter previo a resolver sobre la admisión a trámite de la querella”, ya que “es preciso averiguar si los extremos alegados por el querellante son ciertos y no se ha facilitado tal información por el presidente del FC Barcelona, bien a la Junta Directiva, bien a los socios a través de la Asamblea General o mediante otro modo de comunicación”.
El fiscal añadió que según el querellante los contratos por los que el Barcelona fichó a Neymar “se celebraron en Brasil, uno en el año 2011 y otro el 27 de mayo de 2013”.
Según la querella, el Barcelona contrató a Neymar por 57,1 millones de euros (78.6 millones de dólares), a lo que habría que sumar 7.9 millones de euros por los derechos preferenciales por tres futbolistas del Santos y otros nueve millones de euros por dos encuentros amistosos.
El querellante sostiene que ese contrato se mantiene oculto para los socios del Barcelona, por lo que no se conoce el destino real de los 40 millones de euros (55 millones de dólares) supuestamente pagados al jugador o sus representantes legales, por lo que imputa a Rosell un delito de apropiación indebida.
Ese presunto delito, explica Perals, “supone la existencia de una gestión desleal de un patrimonio cometida por el administrador cuando perjudica patrimonialmente a la sociedad, distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance”.