Desde julio de 2019, cuando se inició la administración del presidente Laurentino Cortizo a julio de 2022, se nombraron unos 16 mil 936 funcionarios en la planilla y el gasto en salario mensual aumentó $62.5 millones, según datos registrados por la Contraloría General de la República.
En julio de 2019, tras el inicio del mandato de Cortizo se registraron 238 mil 248 servidores públicos, incluyendo los funcionarios de jefatura y mando que ya había designado, mientras que el gasto en sueldo mensual ese mes fue de $349.5 millones.
Después de tres años, en julio de 2022, el número de servidores públicos de la planilla estatal ascendió a 255 mil 184 funcionarios con un gasto mensual en sueldos de $412 millones. El acumulado del gasto en salarios en estos primeros siete meses de 2022 suma $2,814 millones.
Las instituciones que registraron el mayor crecimiento de funcionarios en julio fueron el Ministerio de Educación, con 1,848; el Ministerio de Salud, con 1,520; el Ministerio de Seguridad Pública, con 864; la Contraloría General de la República, con 465; el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., con 358; el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, con 294; el Órgano Judicial, con 262; la Caja de Ahorros, con 190; la Universidad Tecnológica de Panamá, con 178; la Universidad de Panamá, con 165; la Autoridad Marítima, con 147; el Cuerpo de Bomberos, con 113; y la Universidad Especializada de Las Américas, con 109. Comparado con junio, en julio se registró una disminución de 1,526 funcionarios. En la Asamblea Nacional, 3,919 (que podrían ser contratos temporales); en la Caja de Seguro Social, 164; y la Empresa de Mercados Nacionales de Cadena de Frío, S.A., 62.
El crecimiento de la planilla estatal en número de personas y el gasto en salarios ha tenido un comportamiento ascendente en las últimas administraciones. Aunque el incremento del gasto tiene que ver en parte con leyes especiales aprobadas en distintos gobiernos, las estadísticas también muestran un incremento en el número de servidores públicos.
Durante la pasada gestión del presidente Juan Carlos Varela, la planilla creció en unos 31 mil funcionarios entre julio de 2014, cuando se inició hasta junio de 2019, cuando finalizó. El gasto mensual en salarios en ese quinquenio también se elevó en promedio en $140.8 millones.
Tras las protestas de julio pasado, por el alto costo de la vida y la corrupción, el Ejecutivo anunció medidas de austeridad cuyo resultado se desconoce. Se informó que en el Gabinete del 12 de julio se aprobó instaurar un proceso de reducción del 10% de la planilla estatal, el inicio de un programa de retiro voluntario de servidores del sector público, la suspensión de aumentos salariales, salvo los establecidos por ley, entre otras.
El elevado gasto del Estado fue uno de los temas a considerar por la calificadora Moody’s para cambiar la perspectiva de Panamá de estable a negativa, mientras afirmó las calificaciones de deuda sénior no garantizada y de emisor a largo plazo en Baa2.
La calificadora destacó que desde 2017, el gasto de capital de Panamá se ha reducido para controlar el gasto general. La participación del gasto de capital se redujo al 26% del gasto total (5.1% del producto interno bruto) para 2021, mientras que el gasto corriente aumentó con los desembolsos en salarios, transferencias o subsidios e intereses de la deuda.
El saldo de la deuda pública se ubicó al 31 de agosto de 2022 en $43,083 millones, monto que representa el 63% del producto interno bruto (PIB) nominal, que para este año se calcula en $68,243 millones. Este porcentaje de la deuda sobre el PIB es superior a la meta del 40% aprobada en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
La deuda se ha incrementado porque el Gobierno ha recurrido a buscar financiamiento durante los últimos dos años para compensar la caída de los ingresos provocada por la paralización de la economía tras la pandemia de la covid-19.
Para el analista laboral, René Quevedo, el tamaño de la planilla estatal debe analizarse en el contexto de la creciente precarización y estatización del empleo en la economía.
Destaca que a pesar de las contrataciones en el Gobierno, entre enero y agosto de 2022, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 41% menos de nuevos contratos laborales que en el mismo período del 2019. Al mismo tiempo, advierte que la economía genera mensualmente el doble de los informales que antes de la pandemia. Se trata de unos 10 mil nuevos informales por mes entre octubre de 2021 y abril de 2022 versus los 4,336 informales en promedio de 2019.
Según Quevedo, “ambos indicadores son síntomas del deterioro de la confianza en el clima para la inversión privada en el país”.
La confianza es uno de los puntos que el sector privado ha pedido recobrar para atraer inversiones al país y generar nuevos empleos.
Igualmente el sector privado ha pedido que la deuda que se solicite debe priorizar las inversiones que se traduzcan en plazas de empleo, productividad y competitividad; no para el gasto en funcionamiento del Estado.
