Panamá ha impuesto $1.7 millones en sanciones a embarcaciones por incumplir las reglas establecidas en la Ley 131 de 2020, que regula la pesca y la acuicultura en el país, informó la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).
Como parte de estas sanciones, hay 13 casos en proceso de investigación y se han hecho 12 operativos especiales para localizar embarcaciones que no cumplan con las reglas de pesca, entre ellos, dos con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, señaló la ARAP. Añadió que también se hicieron 35 reuniones interinstitucionales, más de 25 capacitaciones, se reactivó el comité de abordaje y se mejoró la sistematización y conectividad.
Estas son parte de las medidas implementadas por Panamá, en base a las recomendaciones que hizo la Unión Europea (UE) en su última auditoría, en diciembre de 2021. En 35 días, los funcionarios de la Dirección de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Comisión Europea verificarán los controles que aplica Panamá para evitar la pesca ilegal. Con esta revisión se determinará si se levanta la tarjeta amarilla impuesta o se le aplica la tarjeta roja al país.
“Más de 35 mil familias viven de la pesca de productos del mar y una tarjeta roja significaría que Panamá no podría seguir exportando mariscos a Europa, lo que pondría al país en una situación crítica”, recalcó la administradora de la ARAP, Flor Torrijos. La auditoría de la Unión Europea está confirmada para la semana del 13 de junio de 2022.
Además de aprobar la ley de pesca, las autoridades panameñas, a través de una Comisión Interinstitucional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal no Declarada y No Reglamentada, refuerza las estrategias para aplicar las recomendaciones de la UE . En esta comisión participan los ministerios de Desarrollo Agropecuario, Seguridad Pública, Ambiente, Salud, Comercio e Industrias, Relaciones Exteriores, Autoridad Marítima, Aduanas y la ARAP, que la coordina.
