En América Latina y el Caribe 188 millones de personas están en una situación de pobreza, lo que equivale al 30% de la población.
De ese total, 106 millones están en pobreza extrema, según advirtió Ana María Ibañez, asesora principal de economía y vicepresidente de sectores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con la pandemia la región retrocedió 10 años en el progreso que había tenido en materia social y económica y se acentuaron los problemas de pobreza y desigualdad. Muchas personas que estaban justo en el límite con bajos ingresos, al perder sus empleos cayeron en la trampa de la pobreza de la que es muy difícil salir.
En el primer día de sesiones de la Asamblea Anual del BID expertos del organismo analizaron las opciones que tiene la región para superar los retos en materia económica y social.
El BID recalca que en las últimas décadas, América Latina y el Caribe progresó en la reducción de la pobreza y desigualdad, y promovió el crecimiento de la clase media. Entre los años 2000 y 2019, la pobreza en la región se había reducido en 52.6%, y la pobreza extrema en 63%. Pero todo esto se trastocó con la crisis sanitaria de la covid-19 que lastró empleos, y redujo los ingresos de muchas personas hasta provocar que la pobreza llegara a 34.7% en 2020.
“Se hace urgente que nos aboquemos a trabajar en una nueva agenda de reformas en el ámbito social para alcanzar un crecimiento incluyente. Además, necesitamos una protección social más moderna y equitativa que proteja a los ciudadanos contra las crisis”, planteó el organismo multilateral.
El BID indica que las reformas deben centrarse en la construcción del capital humano a lo largo de todo el ciclo de vida, desde el desarrollo infantil temprano hasta el retiro.
Refieren que la región exhibe un pobre crecimiento de la productividad laboral, de alrededor de 1% anual en los últimos 30 años, comparado con 1.4% en los países de la Organización de para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y más de 4% en los asiáticos.
El BID traza una guía para ayudar a los países a superar estas deficiencias. Una de ellas es hacer énfasis en la reducción de barreras por género y diversidad, así como incluir a los más desfavorecidos y mejorar la calidad y el gasto, para hacerlo más inteligente.
Ricardo Paes de Barros, del Instituto de Investigación Económica y Aplicada (IPEA) de Brasil, señala que las transferencias condicionadas o subsidios jugaron un rol importante durante la pandemia para ayudar a las personas que quedaron sin empleo y en pobreza.
Pero asegura que ahora es el momento de buscar medidas para hacer una transición adecuada y que se fomente el empleo para que las personas puedan generar ingresos.
Insiste en que es fundamental crear una cuenta o fondo para que los trabajadores puedan dedicar parte de su salario a un ahorro que pueda ser usado en caso de una crisis como la pérdida del empleo.
Duplicar las inversiones
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, dijo que además de la superación de la pobreza y el reto de reducir la desigualdad, la región también debe buscar duplicar las inversiones en infraestructura pero no solo física, también digital.
“Para reducir la brecha con otras regiones, tanto en términos de cantidad como de calidad, se requiere al menos duplicar nuestro nivel actual de inversión en infraestructura”, sostuvo.
Explicó que habilitar herramientas digitales y mejorar la infraestructura digital, así como mejorar la infraestructura física puede hacer que se reduzcan los costos de transporte, comercio y comunicaciones y tener servicios de mejor calidad.
Según datos del BID América Latina y el Caribe ha invertido 1.8% de su producto interno bruto (PIB) en infraestructura durante la última década, esto es menos de la mitad que las economías emergentes de Asia.
La región necesita invertir al menos el 3.12% del PIB durante 10 años para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Ese porcentaje de inversión que se requiere equivale a 185 mil millones de dólares en los sectores de agua y saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones, a fin de ampliar y mantener la infraestructura necesaria para avanzar en el cumplimiento de los ODS.
Invertir en nueva infraestructura y cerrar la brecha para cumplir con los ODS implica un esfuerzo anual adicional de 75 mil millones de dólares, un aumento del 70% en la tasa de inversión anual promedio durante la última década.
“Un impulso a la inversión en infraestructura tendrá que apoyarse, tanto en la inversión pública, como en la privada. Sin embargo, se necesitan reformas urgentes en los marcos legales y la capacidad institucional para generar inversión privada y nuevos modelos para la infraestructura con transparencia e integridad”, refiere el organismo.
Solo en temas de servicios públicos, uno de los problemas en la región es que 300 millones de personas carecen de acceso al agua potable y saneamiento seguro, lo que equivale al 50% de la población.
Advierte el organismo que el 50% más pobre de los hogares gasta el 14% de sus ingresos en agua, energía y transporte público, que es 30% que más de lo que gastan otras regiones en desarrollo.
Ecosistema digital
Una mayor digitalización y mejoras en la calidad de la regulación pueden impulsar el crecimiento en 5.7 puntos porcentuales un período de 10 años. Esto representa alrededor de 325 mil millones en PIB adicional en 10 años.
El BID explica que solo dos quintas partes de los hogares tienen acceso a Internet y solo dos terceras partes de la población tienen acceso a la banda ancha móvil.
La velocidad de descarga de Internet es 10 veces más lenta que en el promedio de los países de la OCDE.
“El 40% más pobre de la población de los países de la OCDE gasta el 3% de su ingreso mensual para obtener un plan de banda ancha móvil básico de 1Gb, pero en América Latina y el Caribe el mismo grupo de ingreso debe gastar 10% de su ingreso mensual para el mismo servicio”.
