El aparato estatal consumió en salarios $2,402 millones entre enero y junio pasado. Este monto es casi igual a los $2,497 millones en aportes al Estado que tiene presupuestado el Canal Panamá para este año fiscal 2022.
Comparado con el primer semestre de 2021, cuando se gastaron $2,313 millones en salarios, en los primeros seis meses de este año hubo un incremento de $88.1 millones en la planilla estatal, de acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República.
Se trata de un gasto promedio de $400 millones por mes para el pago de salarios a los 256 mil 579 funcionarios registrados hasta junio pasado, 4 mil 650 empleados públicos más que hace un año. De este total de servidores públicos, 226 mil 344 funcionarios son permanentes y los restantes 30 mil 235, eventuales. Indica el informe que en un año se sumaron 2 mil 453 funcionarios permanentes y 2 mil 197 eventuales.
Las instituciones con mayores aumentos de funcionarios en junio de 2022 comparado con igual mes del año pasado fueron la Asamblea Nacional de Diputados, con 1,511; el Ministerio de Educación, con 1,289; la Universidad Especializada de Las Américas, con 365; el Ministerio de Seguridad Pública y el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., con 364 cada uno; el Ministerio de Salud, con 354; la Contraloría General de la República, con 306; la Universidad Tecnológica de Panamá, con 270; el Órgano Judicial, con 225; la Caja de Ahorros, con 220, y el Ministerio de la Presidencia, con 182.
Gobierno central
De los 30 mil 235 funcionarios eventuales del Estado registrados hasta junio, 19,099 funcionarios o más de la mitad están nombrados en entidades o ministerios del gobierno central.
De estos eventuales, el mayor número lo contrató la Asamblea Nacional de Diputados, con 1,417; le sigue el Ministerio de Educación, con 433; la Contraloría General de la República, con 214, y el Ministerio de Salud, con 199.
Para el analista laboral René Quevedo, existe una enorme sensibilidad en torno al crecimiento de la planilla estatal, uno de los detonantes de la actual crisis social que vive el país, por lo que es importante contextualizar su discusión a la compleja coyuntura socioeconómica que se ha venido gestando en los últimos años, agravada por la pandemia.
Según su criterio, tanto el abultamiento de la planilla como la existencia de subsidios tipo Vale Digital “son muestras de la intervención estatal ante la pérdida de capacidad de la economía para generar empleos formales”.
Esta intervención para el pago de subsidios es financiada, según declaraciones del mismo ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, a través de préstamos que abultan la deuda pública .
Poco empleo formal
A pesar de la cantidad de nombramientos en el Gobierno, entre enero y junio de 2022 el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 117,006 nuevos contratos laborales, cifra 42% inferior a los 202,108 procesados por la entidad para el mismo período de 2019, año en el que se tramitaron 378,495 nuevos contratos, pero solo se agregaron 52,040 empleos a la economía, todos informales.
De hecho, según el más reciente informe laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre octubre de 2021 y abril de 2022 se generaron 109 mil empleos: 60 mil de ellos informales, 11 mil de funcionarios y 38 mil empleos asalariados del sector privado.
De ese total de empleos creados por las empresas, el 80% fueron temporales y solo 7,600 permanentes, versus los 60,047 informales; es decir, de cada empleo nuevo que se generó surgieron 8 informales.
Adicional a este panorama, hasta agosto pasado, había 322,670 beneficiarios del Vale Digital.
“Hoy tenemos la planilla estatal más alta de la historia, pero hay 59,252 asalariados privados menos y 247,166 informales más que en el 2012″, reflexiona Quevedo, para describir el complicado panorama laboral.
Destaca que de cada 5 nuevos empleos creados en la última década, 4 fueron informales y el otro corresponde a la planilla estatal.
En ese lapso, la informalidad pasó de 37.3% de la Población Ocupada No Agrícola, a 48.2%, y por cada empleo formal privado que desapareció, surgieron 4 nuevos trabajadores informales.
Se perdieron 10 años de generación de empleo formal en la empresa privada, evidenciando una sistemática precarización y estatización del empleo, agravada por la pandemia y “producto del deterioro en el clima para la inversión privada en el país”.
El aumento de la precariedad laboral, a pesar de las contrataciones en la planilla estatal, es el peor enemigo de la Caja del Seguro Social (CSS).
“Sin inversión privada no habrá nuevos empleos formales, y sin cotizantes, la CSS no existe”, advierte Quevedo, al señalar que no es un debate “ideológico”, sino una realidad matemática.
Indica que urge transmitir confianza de que invertir en Panamá es un buen negocio, para generar empleos dignos. “Esto debe convertirse en la obsesión nacional que nos una a todos”.
Tras las protestas sociales por reclamaciones, el pasado 12 de julio el Ejecutivo anunció el llamado “plan de austeridad” que, entre sus 10 promesas, incluye la reducción del 10% en el gasto de la planilla estatal. Sin embargo, los ahorros que se puedan generar dependen de la ejecución efectiva de las medidas.
